La titular de la Secretaría de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, debe comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para revisar la crisis de inseguridad en el país, el funcionamiento de la Guardia Nacional y los crecientes actos de violencia que están aquejando a la población, demandó nuevamente la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.
El coordinador Rubén Moreira, que formalizó su petición a través de un punto de acuerdo, planteó que también sean llamados los titulares de la Guardia Nacional (GN); de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Salud.
Llamó a que la secretaria Rodríguez Velázquez informe sobre la ola de violencia que afecta distintas partes del territorio nacional.
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Que detalle la estrategia y medidas por aplicar, por parte del Gobierno Federal, para proteger a la población, en especial a jóvenes, así como para garantizar las actividades económicas “prioritarias”.
En cuanto a la solicitud de comparecencia al titular de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se pretende que informe sobre la prestación del servicio de internet en Michoacán, que en algunos puntos de esa entidad ha sido invadido por el crimen organizado, y qué medidas se han tomado para enfrentar esa situación y garantizar la seguridad de los usuarios de telefonía móvil y telecomunicaciones.
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Moreira Valdez expuso que el titular de Salud federal debe informar sobre las disposiciones para evitar el desabasto de medicamentos en zonas del territorio donde el crimen organizado también ha intervenido en la venta y distribución de esos insumos.
Que grupos de criminales estén cobrando cuotas a farmacias, pone en riesgo la integridad de la población, de los propietarios de establecimientos que venden esos insumos, así como el derecho de acceso a la salud, alertó.
El líder priísta en San Lázaro, también llamó a la Comisión Permanente del Congreso a que determine la hora y y días para recibir ante el Pleno, a los funcionarios citados.
Aunque la solicitud de diputado Moreira era de urgente y obvia resolución, no fue tratada en la sesión de este miércoles 17 de enero en la Permanente, por lo que tendrá que esperar al menos una semana para ser tratada.
Se prevé que la semana siguiente, el miércoles 24 de enero, cuando el organismo parlamentario permanente vuelva a sesionar, clausure sus trabajos.
Grave crisis de inseguridad
En su argumentación, el parlamentario remarcó que la crisis de inseguridad en el país es “grave” y las autoridades correspondientes a nivel federal no sólo deben rendir cuentas al respecto, sino informar qué están haciendo o qué harán para frenar la escalada de violencia.
Recalcó que en distintas entidades se han registrado aumento en los homicidios, situaciones que han aterrado a la población como la quema de negocios y vehículos; masacres y un preocupante aumento en las áreas de intervención del crimen organizado con cobros de piso, extorsiones e invasión de servicios.
Recordó el caso del secuestro y asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco; otro secuestro de al menos siete adolescentes en Zacatecas; un rapto más de jóvenes en Celaya; al igual que la masacre en Salvatierra, Guanajuato, en el contexto de una fiesta.
Pidió no olvidar el enfrentamiento con armas de fuego, machetes y palos en Texcaltitlán, Estado de México, entre ejidatarios que decidieron defenderse por sí mismos y actuar directamente contra los extorsionadores del grupo criminal de la Familia Michoacana.
Habló del secuestro de trabajadores del sector de limpia en Taxco, Guerrero; el ataque con drones cargados de explosivos, en la zona de Buenavista, en Guerrero; asesinatos, desplazamientos forzados y ataques en distintas comunidades de Chiapas y otros hechos violentos en más entidades.
Refirió a la intervención del crimen organizado en el servicio de internet en Apatzingán y Múgica, en Michoacán; y más recientemente, la paralización del servicio de transporte público en Acapulco, Guerrero, ante amenazas y extorsión de grupos criminales.
Ante esas circunstancias, remarcó Moreira Valdez, se hace necesario que desde el Legislativo, se exija a la autoridad cumplir la obligación de garantizar la integridad y seguridad de la población.
“Este no es el país que la población mexicana desea tener y las autoridades deben actuar”, externó.