El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dio a conocer que el Poder Judicial de la Federación, ha ordenado al Ejército Mexicano no destruir los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, a través de una suspensión provisional concedida a los padres y madres de los estudiantes normalistas desaparecidos, dentro de un juicio de amparo.
A través de un comunicado la organización señaló que el pasado 15 de agosto de este año, padres y madres de los 43 interpusieron ante Poder Judicial de la Federación, un amparo en contra de la cadena de mando del aparato de inteligencia militar, por considerar que estas autoridades han incumplido el decreto presidencial del 4 de diciembre de 2018, mediante el cual se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal, colaborar con el esclarecimiento del caso, violando con ello el derecho a la verdad de los familiares y de toda la sociedad en conjunto.
En la demanda interpuesta, las familias argumentaron que con la publicación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, tuvieron conocimiento de qué el Ejército ha ocultado arbitrariamente un número indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, pese a los indicios permiten inferir que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
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Las familias también han pedido como medida cautelar que dentro de la suspensión el Poder Judicial ordene preservar la información para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada, esto con la expectativa de que, al resolverse el fondo, el Poder Judicial ordene la entrega de la información faltante empleando todas las facultades que le confiere la ley de amparo para hacer valer su determinación.
Finalmente el Centro Prodh señaló que los padres y las madres continúan a la espera de qué el presidente de la República les reciba para dialogar sobre el incumplimiento del compromiso de esclarecer plenamente el caso, y seguirán acudiendo a las instancias legales nacionales e internacionales disponibles para hacer valer sus derechos, incluso judicializando el contenido de los informes del GIEI.