Durante la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en México, se reunió con representantes del gobierno federal para tratar aspectos cruciales como el fortalecimiento de la respuesta institucional para atender la desaparición de personas, la seguridad ciudadana y la lucha contra la violencia, en particular contra mujeres y niñas, así como el impacto del tráfico ilegal de armas.
En el país del 25 y 28 de septiembre, se encuentran la presidenta, Margarette May; su primera vicepresidenta y relatora para México, Esmeralda Arosemena; la comisionada Julissa Mantilla y el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, así como los relatores de Libertad de Expresión y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca).
El 27 de septiembre, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se llevó a cabo un diálogo estratégico entre el Gobierno de México y la CIDH. El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y encargado de los Asuntos de la Comisión Nacional de Búsqueda, Enrique Irazoque indicó que ha habido una disminución importante en la tasa de homicidios dolosos en comparación con sexenios anteriores y enfatizó que la incidencia de este y otros ilícitos se concentra en ciertas entidades federativas. También, mencionó el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la creación de 32 comisiones locales, la operación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana.
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La comisionada Fabiola Alanís se refirió a los retos existentes en la prevención e investigación del delito de feminicidio y los avances que se han logrado en la tipificación del delito, así como en la generación de protocolos para su investigación.
El director general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, Félix Santana, informó sobre los avances del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres y sobre la estrategia nacional contra la tortura lanzada desde Gobernación. Además, expuso la campaña Un México sin trata. Compartió los mecanismos generados por el Gobierno de México para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada.
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Este diálogo permitió un intercambio franco y constructivo sobre la situación de los derechos humanos en el país. Entre los temas abordados destacan los avances en la lucha contra la pobreza y el robustecimiento institucional para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.