Claudia Sheinbaum Pardo impugnó los lineamientos que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) para regular y fiscalizar los procesos de selección de los candidatos presidenciales de Morena, del Frente Amplio por México y del resto de los partidos políticos.
En su escrito, la exjefa de Gobierno solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocar dichos lineamientos, ya que generan “efectos perniciosos” al imponer“ obligaciones y medidas que ponen en crisis el sistema electoral y por ende resultan ilegales, al vulnerar los principios de legalidad, debida fundamentación y motivación”.
Agregó que con su entrada en vigor el acuerdo del INE establece obligaciones en materia de fiscalización que pretenden aplicarse de manera retroactiva, pues fueron aprobadas después del inicio de los procesos partidistas, algunas de las cuales buscan abarcar actos o actividades que se realizaron semanas y meses antes del inicio del proceso de selección como lo relativo al retiro de propaganda colocada en exteriores, y otras que imponen restricciones a los servidores públicos.
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A este respecto, Sheinbaum Pardo refirió que “resulta ilógico e irracional que se pretenda sancionar a una persona por haber inobservado una regla que no existía al momento en el que se actualizó determinado hecho”.
Indicó que esta disposición le genera un perjuicio al establecer reglas y procedimientos que “materialmente” estaba imposibilitada para conocer y, por ende, para acatar, por lo que en consecuencia no podrían juzgarla con esos parámetros.
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Respecto a las restricciones para los servidores públicos, la aspirante presidencial de Morena sostuvo que los lineamientos del INE “no pueden establecer una orden en la lógica de abstención de participar, sino de prohibición absoluta.
Agregó que los lineamientos deberían dar la facultad a la autoridad de iniciar procedimientos especiales sancionadores oficios en el momento en que adviertan que se está violentando una prohibición.
Mencionó que los “lineamientos dejan de observar que una persona servidora pública que participe de manera activa en los procesos políticos como aspirantes violentan los principios señalados, y más aún, de manera implícita realizan promoción personalizada con los actos que efectúan de momento a momento, al tener la calidad de servidores públicos”.
Asimismo, Claudia Sheinbaum argumentó que el retiro de propaganda electoral que no cuente con la identificación del proceso político atinente, “rompe por completo con la naturaleza del procedimiento especial sancionador, al establecer de una forma alejada del debido proceso, una orden que no tiene sustento legal”.