La Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. (BMA), expresa públicamente su preocupación ante las opiniones subjetivas e infundadas del Ejecutivo Federal respecto al presupuesto para el año 2024 del Poder Judicial Federal.
Las atribuciones constitucionales que tiene conferidas el Poder Ejecutivo Federal deben de ser ejercidas para los fines y dentro de los marcos establecidos por nuestra Constitución Política, no para desahogar una agenda de intereses que busca debilitar, en perjuicio de los mexicanos, a otro de los Poderes del Estado.
Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como el de los Órganos Constitucionales Autónomos del ámbito federal, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, no del Presidente de la República. La labor de éste último está constitucionalmente limitada a incorporar los montos del Poder Judicial Federal al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que entregará el próximo mes de septiembre. Serán los diputados quienes examinen, discutan y, en su caso, modifiquen el Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.
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De acuerdo con la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, “en los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación en el Presupuesto de Egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos, pues en el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto han disminuido 15.4% en términos reales”.
El Poder Judicial de la Federación tiene frente a sí varios retos que exigen el ejercicio de recursos financieros, por ejemplo implementar el nuevo modelo de justicia laboral, así como la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular durante el proceso electoral 2023-2024, lo cual implicará una gran tarea para el Tribunal Electoral. Todo esto además de resolver 1.3 millones de casos nuevos en todo el Poder Judicial Federal.
La BMA coincide con la Ministra Presidenta: “El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable”.