El ministro Luis María Aguilar Morales puntualizó que la suspensión que se le otorgó al gobierno de Chihuahua contra la distribución de los libros de texto, no le causa un daño mayor a la sociedad, ni se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.
Explicó que la medida cautelar tiene el propósito de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar que se le cause un daño irreparable, respetando los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país.
Al respecto, el gobierno de Chihuahua argumentó que si la impresión y distribución de los libros se hace sin seguir los lineamientos del procedimiento educativo, se pueden “dañar de manera irreparable, los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y de participación concurrente en el proceso educativo”.
Te podría interesar
Sobre este punto, Aguilar Morales refirió que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como el ejercicio de sus derechos, deben considerarse para la elaboración de las normas, así como para la aplicación de los programas y los planes de estudio que motiven la expedición de los libros de texto.
Mencionó que también se debe garantizar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre otros.
Te podría interesar
Lo anterior, debido a que los planes educativos constituyen un espacio para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues el Estado está obligado a garantizar que los materiales didácticos sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación básica.