El Congreso de Morelos interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar una posible violación a su soberanía y autonomía, así como diversos actos realizados por autoridades federales y estatales en torno al caso del exfiscal, Uriel Carmona Gándara, quien fue vinculado a proceso por los delitos cometidos contra la procuración y administración de la Justicia, relacionados con el feminicidio de Ariadna Fernanda.
El recurso fue presentado por Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, quien señaló como autoridades responsables a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia de Morelos y al gobernador de aquella entidad, Cuauhtémoc Blanco.
En el escrito, el legislador por el PAN pide al alto tribunal invalidar la solicitud de orden de aprehensión que le hizo el Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación CI-FIEAE/C/UI-1C/D/00211/08/2023, al juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; la emisión de la orden de aprehensión del 3 de agosto de este año por parte de Sergio Acevedo Villafuerte, juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
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Al respecto, precisó que este mandamiento de captura se afecta la autonomía, independencia y soberanía del Poder Legislativo de Morelos, toda vez que la misma se emitió sin que presentara ni desahogara el procedimiento de declaración de procedencia para retirar la inmunidad procesal.
Del mismo modo, Sánchez Zavala pidió invalidar la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada que se le impuso a Uriel Carmona.
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El asunto fue turnado al ministro Arturo Zaldívar, quien en los próximos días deberá resolver si admite a trámite el medio de control constitucional.
Tras la aprehensión de Carmona Gándara, los legisladores locales recordaron que la Corte resolvió que las personas titulares de órganos constitucionalmente autónomos, como las fiscalías, gozan de la protección del fuero constitucional.
Indicaron que por este motivo, antes de haber sido detenido, a Uriel Carmona se le tiene que retirar esa protección mediante un procedimiento legislativo a cargo del Congreso local, algo que no ha ocurrido.
Mencionaron que la detención o imputación de delitos por vías distintas a las que establece la ley, para presionar la remoción de un fiscal general, constituye no solo un golpe al estado de derecho, sino un atentado contra la división de poderes y la autonomía de los órganos autónomos encargados de la persecución del delito, así como la advertencia de que en México cualquier persona puede ser perseguida, incluso por el ejercicio de sus responsabilidades de ley.