La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron senadores y diputados federales de oposición para impugnar el decreto de reformas a la Ley General de Bienes Nacionales.
Estas modificaciones, que fueron aprobadas en abril de este año, establecen topes en la depreciación de los bienes nacionales puestos a la venta a través de licitaciones públicas, lo anterior, para lograr que el Estado recupere lo justo por la venta, y los compradores no abusen de la ley vigente, pagando a la federación menos de lo que deberían.
Los congresistas argumentaron que el propósito es lograr las mejores condiciones para el Estado en materia de precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas que se celebren para la venta de inmuebles propiedad de la nación.
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La ministra Margarita Ríos Farjat, quien tendrá a su cargo el proyecto de resolución, dio un plazo de 15 días hábiles para que el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República rindan sus informes respectivos.