Emilio Lozoya Austin acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de querer extorsionarlo, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aumentaron de 10 a 30 millones de dólares el monto por la reparación del daño por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.
Durante la audiencia que se realizó este martes, el exservidor público comentó que la “UIF y Pemex, desde enero de 2022 pidieron por escrito 3.4 millones de dólares. Me parece ilegal, inmoral y me parece que raya en extorsión. Acepté pagar el cien por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño ¿Por qué el incremento? ¿Por qué la cuasi extorsión?", preguntó Lozoya.
Al respecto, Miguel Ontiveros Alonso, abogado del exdirector de Pemex, sostuvo que no tiene asidero legal el nuevo monto que fijaron las instancias gubernamentales.
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“Se formuló una solicitud que nosotros consideramos infundada, ilegítima, consistente en incrementar un 200 por ciento el monto de reparación del daño, de 10.7 que ya había sido sustentado y aprobado por el Consejo de Administración de Pemex, que había sido señalado claramente de manera documentada por las propias instituciones en su acusación coadyuvante, 10.7 y que era, además, la cantidad se había fijado para los efectos de firmar el 11 de abril de 2022, 10.7 y se nos solicitaron 30 millones de dólares”.
Asimismo, el litigante refirió que hay un embate por parte de la federación para intimidar a Emilio Lozoya
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“Tenemos que ver qué acciones jurídicas podemos tomar frente a este embate del Estado mexicano en contra de un testigo colaborador que ha otorgado datos para perseguir a otras personas, que desde hace tres años está colaborando con las instituciones del estado, que desde hace más de un año y medio está ingresado en prisión por ir a cenar a un restaurante, lo cual es absolutamente lícito para quien tiene un brazalete electrónico y que en contra de esta injusticia que está cometiéndose”.
Gerardo Alarcón López, juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, solicitó a los representantes legales de Pemex y de la UIF motivar su decisión de aumentar en 200 por ciento la cantidad solicitada para extinguir la acción penal contra el exfuncionario.
Al no obtener una respuesta, el impartidor de justicia determinó no llevar a cabo la audiencia intermedia, porque no se motivó ni fundó el cambio de la cantidad, además de que la Fiscalía General de la República (FGR) no participó en las reuniones en las que Pemex y la UIF establecieron el nuevo monto.
Por este motivo, el juzgador citó a las partes para el 31 de agosto, a las 12:00 horas, fecha en la que se reanudará la diligencia y ordenó que la FGR participe en las negociaciones del acuerdo reparatorio.