TRIBUNAL

Tribunal ordena revocar órdenes de aprehensión contra Rafael Zaga y Elías Zaga

Los abogados de ambos afirmaron que el caso Telra es una muestra de una extorsión judicial y de cómo la justicia se puede torcer para fabricar culpables.

El TJF determinó que los mandamientos de captura son inconstitucionales.
El TJF determinó que los mandamientos de captura son inconstitucionales. Créditos: Cuartoscuro
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El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal le concedió el amparo a Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono para el efecto de que se revoquen las órdenes de aprehensión que se libraron en su contra de por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el saqueo de fondos del Infonavit por 5 mil millones de pesos.

El órgano jurisdiccional determinó que los mandamientos de captura son inconstitucionales, ya que los hechos no son constitutivos de los delitos, toda vez que los recursos que fueron recibidos por Telra Realty en los años 2017 y 2018 son legales al provenir de una indemnización, derivado de la cancelación de unos contratos con el Infonavit.

Asimismo, estableció que no se advierte que exista una organización criminal ni delitos cometidos de manera permanente o reiterada, por lo que los hechos eran atípicos.

Al respecto, los abogados de Rafael Zaga y Elías Zaga afirmaron que el caso Telra es una muestra de una extorsión judicial y de cómo la justicia se puede torcer para fabricar culpables y condenar inocentes sin sentencias de por medio, además de que es una prueba de un uso faccioso de la ley que persigue a quien no se deja extorsionar o doblegar.

Indicaron que de junio del 2014 a febrero de 2016, Telra Realty y el Infonavit celebraron diversos contratos, los cuales fueron terminados de forma anticipada y unilateral el 31 de mayo de 2017.

Por este motivo, el 22 de agosto de 2017 celebraron un contrato de transacción en el que acordaron que, a cambio de la renuncia de acciones legales por parte de Telra, el Infonavit le pagaría 4 mil 800 millones de pesos por concepto de indemnización por daños y perjuicios.