En la Cámara de Diputados, desde la bancada del Partido del Trabajo (PT) se hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías generales a nivel estatal, a investigar a fondo, de manera expedita y con perspectiva de género, los casos de ataques con ácido o sustancias corrosivas.
La diputada María Rosete solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de Unión respaldar su petición.
Víctimas de ataques con ácido
En un punto de acuerdo, la congresista advirtió que los casos de violencia contra otras personas, en su gran mayoría mujeres, en que se utilizan sustancias corrosivas o ácidos, no se investigan con perspectiva de género y permanecen impunes.
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Al manifestar que ese tipo de violencia extrema busca causar no solo daño interno sino externo a las mujeres, para dejarlas marcadas de por vida, van en aumento en México.
Refirió que la Fundación Carmen Sánchez, creada en 2021, ha documentado que el 90 por ciento de las denuncias por ataques con ácido no son atendidas ni tienen consecuencias para los agresores.
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Dicha asociación civil, agregó la parlamentaria, señala que los sitios del país donde más se cometen esos crímenes son la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México.
Ataques con ácido impunes
La organización también señala que en los últimos 20 años, hay registro de 28 ataques denunciados, de los cuáles, seis de las personas agredidas fallecieron.
En el 90 por ciento de los casos, abundó, la agresión se dirigió al rostro de las víctimas; en más del 30 por ciento de los ataques dos o más personas participaron.
En 96 por ciento de las agresiones no ha habido sentencia, aunado a que sólo cuatro personas fueron vinculadas a proceso por incurrir en ese delito, tres de los cuáles fueron acusados por feminicidio en grado de tentativa y uno por violencia familiar.
La legisladora federal indicó que a esas cifras se suma la estimación de que el 94 por ciento de las víctimas son mujeres, y en el 87 por ciento de los eventos, el agresor fue un hombre, generalmente la pareja o expareja sentimental.
Agregó que esos delitos se mantienen en la impunidad, porque las investigaciones de los pocos casos denunciados se integran por delitos de violencia familiar o lesiones, lo que no permite dimensionar en los términos debidos la agresión ni sancionarla de manera adecuada.
Las personas agredidas, remarcó, sufren consecuencias físicas y emocionales a largo plazo; se enfrentan a una recuperación tardía y también, deben correr con los gastos y riesgos, así como los efectos de constantes intervenciones quirúrgicas para atender sus heridas.
Algunos avances legales contra ataques con ácido
La parlamentaria señaló que si bien se ha avanzado en el reconocimiento del delito y la imposición de sanciones, a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es necesario reforzar esas medidas.
Indicó que en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México se han hecho esfuerzos en particular para adecuar las leyes en la materia, es necesario que las instituciones de justicia actúen de manera diligente contra esos delitos y los investiguen de manera efectiva.
“Es necesario que las fiscalías atiendan de manera eficaz, sin obstruir, ni entorpecer el proceso de investigación y judicialización de las carpetas que tengan una relación con ataques de ácido a sustancias corrosivas, a fin de no vulnerar la dignidad e integridad de las víctimas”, planteó la parlamentaria.