Los ataques, insultos, así como la campaña de desprestigio contra el Poder Judicial y en especial contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pone en riesgo la autonomía en la impartición de justicia, advirtió la bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados.
El coordinador Jorge Álvarez, a nombre de sus compañeros, sentenció que dichos actos configuran persecución y presiones del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.
Indicó que para contrarrestar esas afrentas, la representación de MC en el Congreso presentó una serie de iniciativas de reforma, para blindar la autonomía e independencia de los juzgadores.
Te podría interesar
Blindaje al Poder Judicial
Precisó que las modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política en materia de independencia judicial y protección a impartidores de justicia y de asignación presupuestaria al Poder Judicial, tienen como fin garantizar la operación de esa instancia del Estado Mexicano, sin que esté sujeta a presiones políticas.
Aunado a ello, se plantea que los jueces, ministros y magistrados requieren contar con un mecanismo de protección que garantice su integridad física, tal y como sucede con los defensores de derechos humanos y periodistas.
Te podría interesar
Los cambios en materia de independencia judicial y protección a impartidores de justicia señalan que los servidores públicos de esa instancia, así como los órganos constitucionales autónomos “deberán respetar y acatar en su caso las decisiones y actos dictados por los otros Poderes”.
Agrega que podrán hacer uso de los medios de control de constitucionalidad o los que prevea la ley, para impugnarlos cuando consideren que afectan la división de poderes o vulneran la Constitución.
Mecanismo de protección a juzgadores
Prevé el diseño e implementación de un mecanismo de protección para impartidores de justicia, incluyendo jueces, magistrados y ministros, a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
La herramienta de protección, agrega la propuesta, contará con medidas preventivas y urgentes de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de jueces, magistrados, ministros locales y federales que se encuentren en situación de riesgo a causa de su actividad jurisdiccional.
Señala que todas las autoridades, independientemente de su ámbito de competencia material y territorial, estarán obligadas a cumplir con las órdenes de protección y medidas de seguridad que la Judicatura dicte a favor de los impartidores de justicia.
El servidor público que no acate esas disposiciones, será responsable por los daños y perjuicios que provoque su omisión, aunado a que se hará acreedor a sanciones por las consecuencias civiles, administrativas y penales que se configuren.
Protección a jueces, ministros y magistrados
Indica que los ministros, magistrados y jueces contarán serán “inviolables” por las opiniones expresadas en el ejercicio de su encargo y no podrán ser reconvenidos por las mismas.
Establece que la independencia de la judicatura deberá ser garantizada por el Estado, y respetada por todas las instituciones, entidades, dependencias y organismos autónomos que deberán “abstenerse de amenazar o presionar de forma directa o indirecta a los integrantes del Poder Judicial para resolver en determinado sentido”.
Presupuesto del Poder Judicial
Las modificaciones al artículo 94 constitucional, plantean que el Poder Judicial podrá ejercer su presupuesto con autonomía, independencia, transparencia y rendición de cuentas.
“En cada ejercicio fiscal del Presupuesto de Egresos de la Federación”, los recursos asignados “no podrán ser inferiores al dos por ciento del ejercicio fiscal inmediato”, dice.
Las disposiciones serán las mismas para los Poderes Judiciales de las entidades, incluyendo la Ciudad de México, añade.