Durante los 20 días que estuvo vigente el decreto de reformas que contiene la segunda parte del llamado plan B, Morena gastó cerca de 155 millones de pesos correspondientes a los remanentes de los últimos cuatro años.
El representante del instituto político ante el INE, Rafael Llergo, informó que dichos recursos fueron utilizados para el pago de prestadores de bienes y servicios, toda vez que la reforma les concede el derecho de que los remanentes sean utilizados en las actividades ordinarias del partido.
Por este motivo, el diputado federal puntualizó que no resulta procedente que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos “pretenda, unilateralmente y fingiendo tener un desconocimiento de esta circunstancia, realizar deducciones a las ministraciones de financiamiento público federal” de su partido por concepto del presunto saldo remanente de los comités, tanto nacional como estatales.
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Sin embargo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al responder a una consulta formulada por Morena, estableció que esos recursos se tienen que devolver, ya que tras la suspensión que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el destino de los remanentes se regirá de conformidad con la legislación que estaba vigente antes de la reforma y por ende no podrán ser utilizados en ejercicios subsecuentes ni para el pago de sanciones.
Al respecto, el consejero Jaime Rivera refirió que Morena tiene la obligación de devolver los remanentes.
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“Conforme a la norma vigente, debió devolverse desde el año siguiente al año no ejercido por diversas impugnaciones, litigios y diversas estrategias jurídicas que el partido ha podido tener acceso, esto no se ha cumplido, pero sigue siendo una obligación; el partido debe devolver esos remanentes que ha retenido”.
Al respecto, la Unidad Técnica de Fiscalización señaló que hasta el momento no se han detectado movimientos inusuales de gasto que pudieran acreditar la erogación de los 155 millones de pesos.
En caso de que el partido no regrese los recursos, el INE podrá descontarlos de sus prerrogativas.