Un juez de distrito ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión que se libró el 31 de octubre de 2020 en contra de Rosario Robles por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con la Estafa Maestra.
Eutimio Ordoñez Gutiérrez, juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió el amparo a la exsecretaria de Estado, toda vez que el mandamiento judicial se sustentó en datos imprecisos y contradictorios, así como en argumentos confusos.
Por este motivo, el juez de control con residencia en el penal del Altiplano tendrá que emitir otra resolución en la que deberá de explicar, de manera fundada y motivada, las razones por las cuales se acredita la existencia de los delitos que se le imputan a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social.
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Al respecto, Ordoñez Gutiérrez explicó que el juez de la causa se limitó a reproducir los datos de prueba que sometió a su consideración la Fiscalía General de la República (FGR) y luego explicó, de manera demasiado genérica, los motivos por los que estimó acreditado el ilícito de delincuencia organizada.
Indicó que los argumentos del impartidor de justicia no son claros, además de que no precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar del ilícito, ni en qué datos de prueba están soportadas cada una de sus afirmaciones.
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En su resolución, el juez de amparo enumero una serie de contradicciones en las que se incurrieron para librar la orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga, a quien señalaron de intervenir en la organización criminal del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2015 en que fungió como secretaria de Desarrollo Social y del 27 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2018, en que ostentó el cargo de secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Sin embargo, luego se informó que la “organización operó en realidad de 2013 a 2014”.
Asimismo, el juez de la causa dijo que la persona que dirigía la organización, en este caso Rosario Robles, ordenó a sus subordinados y acordó la celebración de contratos, pero no precisó cómo realizó lo anterior, es decir, si sus funciones como superior jerárquico se lo permitían o utilizó su investidura para obligar a sus subordinados, si éstos actuaron dentro o fuera de sus funciones y obligaciones que les impone el marco normativo de cada secretaría de Estado en la que participaron.
La FGR ya impugnó la resolución del juez Eutimio Ordoñez, por lo que será un tribunal colegiado el que resuelva si la confirma, modifica o revoca.