El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de proteger al exdirector de Segalmex Ignacio Ovalle, para que pueda ser detenido y enjuiciado por las anomalías detectadas en dicho organismo.
Lamentó que el primer mandatario defienda al funcionario federal, porque tiene una buena opinión de él, al considerarlo “un hombre honesto”, pues fue su jefe cuando López Obrador era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco.
Destacó que lejos de castigar los desvíos en Segalmex, el primer mandatario mantiene en el gobierno a Ovalle, quien ahora funge como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal en la Secretaría de Gobernación.
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“Una vez más queda en evidencia que el discurso anticorrupción del gobierno es puro cuento. Mientras más tiempo transcurre de este gobierno se siguen acumulando sus escándalos de corrupción y no hay un sólo sentenciado”, advirtió.
Afirmó que lejos de combatir la corrupción, el actual gobierno de México ha permitido que florezca y se ramifique con mayor fuerza.
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“A López Obrador nunca le ha interesado combatir la corrupción, todo ha sido una farsa, les mintió a los mexicanos, les mintió a sus simpatizantes y le mintió al pueblo bueno, que creyó en sus falsas promesas”, advirtió.
El líder de Acción Nacional insistió en que Segalmex, es la dependencia federal que en 4 años ha presentado mayores irregularidades, 22 por la Secretaría de la Función Pública; 15 carpetas de investigación abiertas y desvíos e irregularidades por más de 15 mil millones de pesos.
Dijo que esto significa que de 2019 a 2021 se han desviado o malversado cada día 18 millones 804 mil 656 pesos.
Recordó que se había prometido alcanzar la autosuficiencia alimentaria en 2021, pero en lugar de eso la importación de granos aumentó a 17 mil 700 millones de dólares en 2022, una cifra histórica.
Marko Cortés insistió en que Segalmex ha sido llamada la “Conasupo de la 4T”, porque el gobierno de López Obrador fusionó Liconsa con Diconsa para garantizar un supuesto abasto social de productos de la canasta básica a precios subsidiados en comunidades rurales.
Sin embargo, dijo, estas comunidades nunca recibieron productos, ni ayuda, y en realidad, “fueron pretexto para que se desviaran recursos millonarios en su nombre.”