La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, descalificó la impugnación a la elección de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, así como del consejero Jorge Montaño.
El vicecoordinador de la fracción petista, Benjamín Robles, afirmó que ese recurso tiene como fin defender las “cuotas” que solían tener en la designación de integrantes del organismo electoral.
El legislador agregó que al pedir la invalidación de los nombramientos, el albiazul muestra que su discurso sobre la “defensa del INE” es falso, ya que en los hechos buscan seguir manteniendo “el control del Instituto”.
“Se niegan a perder sus cuotas y, con ello, el control del instituto; de ahí su estruendosa defensa del INE”, acusó.
Pago multimillonario a exconsejeros
Robles Montoya también expresó su indignación con el pago final a los ahora exconsejeros electorales Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Roberto Ruiz y Adriana Favela.
De acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Administración del organismo, el exconsejero presidente Córdova Vianello, recibió casi 2 millones de pesos por “compensación de conclusión de encargo”, equivalente a tres meses de salario y 20 días por cada uno de los 9 años de servicio.
Los consejeros Murayama, Ruiz y la consejera Favela recibieron una compensación de conclusión de encargo, por un millón 663 mil pesos, por los respectivos 9 años que ejercieron el encargo.
El congresista insistió en que el monto millonario de esas compensaciones, justifica las críticas contra los partidos políticos y los exconsejeros que se opusieron a la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo Federal, no por defender la institución, la democracia ni a la población, sino los privilegios a los que tuvieron acceso al integrarse al INE.
Las advertencias respecto a que reducir los recursos que gasta el INE, como se planteó en el “plan b” electoral, afectarían la autonomía e independencia de ese organismo, dijo, fueron “una patraña”.
Salió en defensa de la selección de los nuevos consejeros electorales por insaculación o sorteo, al asegurar que con ello se cumplió el procedimiento previsto en la Constitución y en las leyes en la materia, implementadas en la anterior reforma electoral del 2014.