Desde la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, se plantearon cambios legales, para que las órdenes de protección y medidas cautelares dictadas por autoridades administrativas y judiciales, en casos de violencia contra las mujeres, incluyan el desalojo del domicilio, de la persona agresora.
La diputada priísta Melissa Vargas, pidió modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para reforzar las medidas de protección a víctimas de agresiones.
Las órdenes de protección a víctimas, deben ir acompañadas por la desocupación de la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja.
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El desalojo del inmueble debe indicarse, independientemente de que se acredite la propiedad o posesión del mismo, y aún cuando se trate de un arrendamiento, indicó la congresista.
Asimismo, pidió establecer el reingreso al inmueble de la mujer en situación de violencia, una vez que se garantice el resguardo a su seguridad.
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Vargas Camacho añadió que su iniciativa plantea la necesidad de crear procedimientos accesibles y claros a las medidas de protección por parte de la autoridad, así como integrar la información al Banco Nacional de Datos e información estadística sobre casos de violencia contra las mujeres, para conocer cuántas órdenes de protección se emiten, qué medidas cautelares implicaron y con ello, determinar si dichas disposiciones son efectivas.
Agregó que la norma también implicará la armonización de leyes locales en materia de órdenes de protección, ajuste a las disposiciones estatales en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; así como las leyes penales, administrativas, civiles y familiares respectivas, para establecer claramente los protocolos y procedimientos a seguir.
Protección integral a víctimas
Al justificar su propuesta, la legisladora federal indicó que la violencia contra las mujeres es un asunto de derechos humanos ante el cual, el Estado está obligado a brindar protección integral.
Indicó que la reparación del daño a las víctimas, en muchas ocasiones es insuficiente, ya que se afecta su derecho a una vida libre de violencia y a permanecer en un sitio seguro, aunado a que se rompen los lazos familiares o de convivencia de manera irreparable.
Recordó que de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en el país hay más de 47 millones de mujeres mayores de 15 años, que tienen o han tenido una relación de pareja y el 39.9 por ciento de ellas reconoció haber vivido alguna situación de violencia al menos una vez, en alguna relación de pareja.