Las y los gobernadores de la Cuarta Transformación, señalaron a través de un desplegado dirigido al pueblo de México que “la arbitraria decisión del ministro Javier Laynez Potisek debe ser revertida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre poderes de la Unión“.
En el documento señalan que de revertir esta decisión se evitaría que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento.
Los mandatarios señalaron que el pasado 24 de marzo el ministro admitió a trámite una controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral y le otorgó la suspensión contra el Plan B de la reforma electoral, el cual tiene como propósito reducir el costo desmesurado de los procesos electorales, reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE.
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Agregaron que la determinación del ministro Laynez Potisek es inconstitucional por donde se le vea; la Carta Magna establece que no procede si es constitucional en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales.
Además, violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno sólo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo.
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Aseguraron que las reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE.
Su propósito es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen.
Atribuyeron a esta decisión del ministro el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables.
Finalmente, los y las gobernadoras manifestaron su decisión de seguir pugnando, en el marco de la legalidad y por medios pacíficos y democráticos, por la renovación y la moralización de las instituciones nacionales.