Por amplia mayoría, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, del Senado, avalaron la llamada “Ley 3 de 3 contra la violencia”.
Con el voto a favor de un gran número de legisladores de las distintas bancadas, las comisiones dieron luz verde al proyecto enviado por la Cámara de Diputados, que impide que deudores alimentarios y agresores sexuales accedan a cargos públicos.
En este sentido, el dictamen establece que perderán el derecho a ocupar cargos públicos quienes hayan ejercido violencia política de género, tengan sentencia por agresiones sexuales o hayan sido declarados deudores alimentarios.
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Al discutir el proyecto, la presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher (Morena), precisó que esta reforma no es contra de los hombres, sino a favor de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.
En tanto, la senadora por el PAN, Indira Rosales San Román, se pronunció a favor de esta reforma, ya que, dijo, resulta aberrante que cualquier agresor o deudor alimentario pueda ocupar un cargo público.
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De igual forma, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, indicó que esta reforma enviará el mensaje de que no basta ser eficiente en el servicio público si se es agresor o deudor alimentario.
El dictamen aprobado se turnó a la Mesa Directiva para que sea sometido a discusión ante el pleno de la Cámara Alta en la sesión que se llevará a cabo este jueves.