En la Cámara de Diputados, las bancadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzaron, cada una por su lado, iniciativas de reforma para eliminar el arraigo.
Ambos cambios a la Constitución, fueron turnados a estudio a la Comisión de Puntos Constitucionales del recinto.
Desde la Tribuna, la vicecoordinadora morenista, Aleida Alavez planteó un proyecto para eliminar el párrafo octavo del artículo 16 constitucional, lo anterior, con el fin de cumplir con la más reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra México.
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El fragmento que solicitó derogar señala que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada podrá decretar el arraigo.
Agrega que al dictar esa medida se deben establecer las modalidades de lugar y tiempo en que se llevará a cabo, no podrá durar más de 40 días y tendrá como fin contribuir al éxito de una investigación, para proteger a personas o bienes jurídicos, o cuando haya riesgo fundado de posible evasión de la justicia.
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El plazo del arraigo, dice la norma vigente y que se pidió suprimir, podrá extenderse sólo cuando el Ministerio Público lo pida y por un plazo no mayor a 80 días.
Arraigo viola derechos
En la argumentación, Alavez Ruiz señaló que el arraigo siempre ha sido una figura cuestionada, porque implica privar de la libertad a una persona de manera anticipada, sin que haya acusaciones formales en su contra para iniciar el proceso penal.
Recordó que organismos nacionales e internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, han señalado que esa medida viola los derechos de las personas, las deja en la indefensión y permite excesos como la detención, antes de investigar los delitos.
PRI también va contra el arraigo
En tanto, la iniciativa de reforma planteada por la diputada priísta Ana Lilia Herrera, también pide modificar el artículo 16 de la Constitución y añade ajustes al artículo 19 constitucional, en materia de prisión preventiva.
Herrera Anzaldo coincidió con la vicecoordinadora morenista en señalar la más reciente resolución de la CIDH contra México, emitida el pasado 27 de enero, para justificar su planteamiento.
Propuso, al igual que Alavez Ruiz, derogar el párrafo octavo del artículo 16 constitucional.
Añadió reformas al segundo párrafo del artículo 19 de la Carta Magna, para regular la prisión preventiva y establecer que el Ministerio Público deberá solicitar al juez emitir esa medida.
Enlistó los delitos por los cuales aplica actualmente y agregó que en todos esos casos, el juez determinará “caso por caso, en un análisis individualizado y con base en los elementos aportados por el Ministerio Público, de manera fundada y motivada, resolverá sobre la procedencia o no de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Eliminar la prisión preventiva
En el caso de la prisión preventiva, la congresista señaló que en 2019 se hicieron distintas reformas al 19 constitucional, con el fin de integrar determinadas conductas al catálogo de acciones merecedoras de prisión preventiva, como el uso de programas sociales con fines electorales, el enriquecimiento ilícito y el abuso de funciones.
A la lista también se sumaron delitos como el fraude fiscal y la compraventa de facturas, que fueron equiparadas a delincuencia organizada, lo que la Corte determinó inconstitucional.
En su iniciativa, la congresista del tricolor calificó la prisión preventiva oficiosa como “una falsa salida” en materia de justicia y combate al delito y si bien instancias internacionales han señalado que puede imponerse pero bajo los principios de proporcionalidad y necesidad, en el caso de México se han cometido abusos al utilizar esa figura.