Para hacer realidad sus proyectos de gobierno o blindar sus obras emblemáticas; el presidente Andrés Manuel López Obrador le apuesta a las reformas constitucionales o a la emisión de decretos; sin importar que esa estrategia implique desafiar al Poder Judicial de la Federación (PJF).
La declaratoria de las obras de infraestructura como de seguridad nacional, el cierre del Aeropuerto Internacional Benito Juárez para aviones de carga y la reactivación de los trenes de pasajeros, son algunos botones de muestra de las acciones emprendidas por el titular del Ejecutivo federal a través de los decretos.
En entrevista con MVS Noticias, abogados en derecho constitucional y administrativo, señalaron que, a pesar de tener una buena intención, la política del primer mandatario no es la adecuada.
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Rodrigo Soto Morales, abogado de Sotmor Consultores, sostuvo que las mega obras de López Obrador dan cuenta del abuso de figuras como seguridad nacional y soberanía, razón por la cual no pasan la prueba de constitucionalidad, lo que podría derivar en un ejercicio indebido de la función pública.
“Ese es un patrón muy común, tanto en el AIFA como en Mexicana de Aviación, como en Dos Bocas y como en el Tren Maya, el denominador común es más recursos asignados, pero al mismo tiempo más retrasos en llegar a las metas que en todos los proyectos no se han cumplido y ese es un indebido ejercicio de la función pública en materia financiera”.
Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, aseveró que al recurrir a un marco jurídico ilegal, el presidente de la República busca blindar sus proyectos para evitar que éstos sean cancelados como lo hizo él con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“Lo que no me parce normal es que el presidente de la República quiera blindar todos sus grandes proyectos a partir de un marco jurídico que es ilegal. Utiliza la ley para amenazar, pareciera que él quiere blindar a como dé lugar todo lo que está haciendo porque no quiere vivir lo que él hizo a principios de este sexenio con la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Más allá de que tenga la confianza de que la virtual candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, vaya a ganar, el presidente no se quiere confiar bajo ninguna circunstancia y por eso está haciendo lo que está haciendo”.
Rodrigo Soto, especialista en derecho marítimo y ferroviario, puntualizó que para darle viabilidad a este tipo de proyectos, un requisito es que se deben de implementar con un plazo de tiempo razonable.
“Yo creo que los proyectos si eran necesarios, pero son proyectos que requieren, mucho más cabeza y tiempo para desarrollarse sin crear crisis financieras en las arcas gubernamentales como es evidente, ha sucedido. Hay que arriesgarse, el mundo es de los audaces, pero como dice el pie de página, no a lo estúpido, no sólo es decir que el papel lo aguanta todo y que un decretazo y una publicación en el Diario Oficial vas a cambiar el estado del arte o la realidad de las cosas, eso es demagogia”.
Refirió que el nuevo proyecto para reactivar trenes de pasajeros será inviable mientras no se presenten estudios serios de mercado y de viabilidad, además de que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) cuenta con un tiempo muy precario para realizar el estudio de impacto regulatorio.
“El abrir una nueva vía o una nueva ruta ferroviaria es muy costoso porque como particular lo que tienes que hacer es comprar propiedad, tender vía, obtener el derecho de vía y los estudios de factibilidad y de viabilidad que llevan a dos cosas: a no tirar el dinero a lo tonto y a que después no se ande endeudando al país en una forma repentina que después nos lleve a problemas macroeconómicos serios”.
Los litigantes manifestaron que nadie está en contra de que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe con sus obras, pero lo único que se le pide es que lo haga cumpliendo la Constitución y las leyes, así como los principios de legalidad y seguridad jurídicapara evitar el derroche de recursos.