El llamado “turismo electoral”, ejercido por personas originarias de otras entidades, que se desplazan a lugares donde hay elección, tramitando credenciales para votar con datos falsos sobre el domicilio, con el fin de emitir el voto, es una práctica ilegal que debería castigarse hasta con 15 años de prisión, propuso el integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, José Antonio García.
El congresista pidió contemplar esa penalización en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Su propuesta prevé cambios a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para imponer de 60 a 200 días de multa, y cárcel de 3 a 10 años a quienes incurran en la práctica señalada.
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En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establecerá que las autoridades llevarán a cabo acciones para exhortar a los ciudadanos que se inscriban y actualicen su información en el Registro Federal de Electores.
En coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se deberán realizar campañas informativas para prevenir y erradicar el turismo electoral, dando a conocer a los ciudadanos el tipo de conductas descritas y las consecuencias que podrían acarrear.
Casos de turismo electoral
El proyecto señala que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene identificada esa práctica antidemocrática, que afecta la organización y administración de los procesos electorales.
Añade que de acuerdo a la organización Mexicanos contra la Corrupción, la movilización de habitantes de otros estados a lugares donde hay votaciones, utilizando credenciales de elector tramitadas con datos falsos, provoca alteraciones al Registro Federal de Electores y no sólo eso.
Implica el uso de documentos falsos, así como la participación de personas que instigan o alientan a cometer esa falta, e incluso, la entrega de beneficios o recompensas a cambio de ejercer el turismo electoral.
Agrega que del año 2007 al 2015, la Fiscalía Especializada llevó a cabo mil 61 averiguaciones previas por alteraciones al Registro Federal Electoral, por la inscripción de domicilios irregulares.
Las entidades de la República con mayor número de casos de turismo electoral, han sido el Estado de México, Veracruz y Sonora.
Refiere que en 2018, la misma fiscalía indicó que se registraron 4 mil casos de investigación en la materia, por alteraciones al padrón electoral, falsificación de credenciales de elector y cambios de domicilio de manera “dolosa”.
Añade que los infractores, utilizan mayormente a personas de escasos recursos y que habitan zonas de alta vulnerabilidad y marginación, para convertirlos en turistas electorales, ofreciendo pagos económicos o en especie e incluso, utilizando amenazas.
Fue en 2018, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) castigó por primera vez un caso como los expuestos, al amonestar públicamente a 467 personas que dieron información falsa al Registro Federal de Electores, en 2013, y dijeron ser de Quintana Roo, cuando en realidad provenían de Yucatán.
Sanción al turismo electoral
Refiere que a nivel internacional, en algunos países como Guatemala, la práctica señalada, identificada formalmente como “acarreo electoral”, es sancionada con 6 años de prisión; mientras que en Perú, se le conoce como “voto golondrino” y se castiga con 8 años de cárcel.
Indica que ese tipo de acciones afectan la legalidad de las elecciones, buscan alterar los resultados, así como las condiciones de la competencia, por lo que es necesario redoblar las sanciones penales y administrativas para ponerles freno.