El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el segundo paquete de informes de fiscalización a la Cuenta Pública 2022.
Se trata de 541 revisiones al gasto público el año anterior, en las que se encontraron irregularidades en el gasto por 7 mil 175 millones de pesos.
De esa suma, apenas se ha aclarado el uso de mil 386 millones de pesos, por lo que resta conocer el destino final de 5 mil 788 millones de pesos.
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En suma, el gasto irregular encontrado en los dos primeros paquetes de fiscalización al gasto el año pasado, llegó a 7 mil 246 millones de pesos, de los cuáles, sólo se ha aclarado el uso de mil 397 millones de pesos.
A los entes fiscalizados les faltan aclarar 5 mil 849 millones de pesos.
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En su presentación, el auditor Colmenares Páramo aclaró que los resultados más relevantes de la Cuenta Pública 2022, donde se conocerán las anomalías en programas sociales; instancias involucradas en corrupción, como Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) y megaobras del Ejecutivo Federal, se presentarán hasta febrero de 2024.
El auditor se presentó en medio de las protestas de la diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén.
Durante todo el discurso del titular de la ASF, se le mostró la reproducción en gran formato, de una nota periodística en que se señala al órgano fiscalizador de esconder las auditorías al organismo SEGALMEX.
Casos notorios, hasta 2024
Puntualizó que se aplicaron 10 auditorías forenses a gobiernos estatales y municipales, en las que se presume desvío de recursos públicos en Durango; así como los municipios de Ciudad Juárez, en Chihuahua; Torreón, Coahuila; Tlalnepantla, en el Estado de México y Solidaridad, en Quintana Roo.
La revisión tuvo que ver con las adquisiciones, arrendamientos, servicios y contratación de obra pública.
También hubo auditorías forenses a las universidades autónomas de Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas, por llevar a cabo contratos irregulares.
Los hallazgos hechos, aclaró, se darán a conocer hasta febrero de 2024.
Lo mismo ocurrirá con las revisiones de cumplimiento financiero e inversiones físicas federales.
Destacó las auditorías financieras aplicadas a PEMEX y CFE, así como sus subsidiarias y filiales, y a los órganos reguladores en materia energética.
Acerca de PEMEX en particular, se fiscalizó la compra de la Refinería de Deer Park, en Texas; la producción de fertilizantes; así como el comportamiento de su deuda.
Sobre CFE, se revisó el arrendamiento de servicios de transporte aéreo y los ingresos por la venta de energía eléctrica, y la deuda de sus proyectos de inversión en infraestructura y préstamos a trabajadores.
Auditorías a programas sociales
Agregó que entre los programas sociales auditados en 2022, estuvieron La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Fertilizantes, apoyo a hijos de madres trabajadoras, Producción para el Bienestar, Microcréditos para el Bienestar, Fomento a la Agricultura en el componente de Bienpesca.
Se revisaron los gastos en servicios personales en la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Guardia Nacional y al ISSSTE.
Auditorías forenses de cumplimiento financiero, en marcha
En 2022, se realizaron 22 revisiones a fondo, en las que se presume uso ilícito de recursos públicos y daño a la hacienda federal, en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el organismo coordinador de las Universidades Benito Juárez, la Comisión Nacional de Vivienda, el INFONAVIT, el IMSS, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
También a Previsión y Readaptación Social, DICONSA, la Secretaría de Agricultura y nuevamente SEGALMEX.
Las anomalías se centraron en subsidios, adquisición de bienes y prestación de servicios; compra, suministro y distribución de víveres; alimentos, pensiones y jubilaciones; servicios “inéditos” quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.
Esos resultados, reiteró, se presentarán públicamente hasta el año siguiente.
Irregularidades en el gasto federalizado
El auditor precisó que las partidas más importantes que no han sido aclaradas, corresponden a gasto enviado a estados y municipios, en particular a universidades públicas, instituciones de educación media superior.
También, al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, FISE, por un monto de 693 millones.
Las principales fallas en el uso del recurso público, se centran en pagos de remuneraciones indebidas e injustificadas al personal, falta de documentos para comprobar el gasto, recursos no entregados a los ejecutores del gasto y retraso en la distribución de recursos y rendimientos financieros a los ejecutores.
Asimismo, se detectó uso del recurso en conceptos ajenos a los establecidos, así como transferencias de recursos a otras cuentas bancarias.