Más de 760 empleados y personal jubilado del Poder Judicial de la Federación (PJF) promovió el primer amparo colectivo contra la desaparición de los fideicomisos, los cuales contemplan derechos adquiridos como jubilaciones o servicios médicos complementarios.
Será en las próximas horas cuando un juez de distrito en materia administrativa determine si admite a trámite la demanda de garantías y en su caso si concede la suspensión que obligue al gobierno federal a no aplicar la norma, para que los recursos no sean devueltos a la Tesorería de la Federación.
En este contexto, barras de abogados de México, Estados Unidos y de Europa manifestaron su preocupación por la desaparición de los fideicomisos, debido a que “ponen en peligro” la seguridad financiera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Los firmantes, entre ellos, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), aseguraron que la eliminación de los fideicomisos limita la capacidad del PJF para cumplir con su obligación legal de brindar cobertura de jubilación, cobertura de salud y otros beneficios a su personal operativo, que constituye más del 60 por ciento de su fuerza laboral.
Indicaron que estas acciones siguen a múltiples acciones del gobierno para coaccionar y amenazar la independencia judicial, incluidas amenazas de violencia dirigidas a jueces concretos.
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Subrayaron que la independencia judicial es un principio básico de la doctrina de la separación de poderes, que protege a los ciudadanos al permitir controles y equilibrios de cualquier poder entre los tres poderes del gobierno para moderar la extralimitación excesiva
Sin estos controles y equilibrios, añadieron, el gobierno puede convertirse en una dictadura o abusar del sistema de una manera que disminuya las libertades individuales.
Por ello, puntualizaron que la democracia en cualquier estado civilizado requiere de un poder judicial sin presiones o intimidación.
En tanto, los jueces y magistrados federales de todo el país acordaron el inicio de la defensa de la independencia y autonomía del PJF, tanto en forma individual como colectiva, en México y organismos internacionales.
Precisaron que sus acciones no afectarán la función jurisdiccional, dado que los juzgados y tribunales de la Judicatura Federal “siempre deben estar prontos y expeditos, para la tutela efectiva de los derechos de todas las personas”.