El Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados, una iniciativa de reforma que expide la Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres.
El documento planteado por el Jefe del Ejecutivo Federal, fue turnado a la Comisión de Protección Civil para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto, para opinión, determinó la Mesa Directiva del recinto.
Señala que habrá instrumentos presupuestarios de carácter federal para la gestión de riesgos, que deberán ser utilizados con transparencia y rendición de cuentas, al momento de prevenir y atender emergencias o desastres.
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Dichos mecanismos sustituirán al Fondo para la Prevención de Desastres y el Fondo de Desastres Naturales, FONDEN.
Estados deberán apartar recursos para atender desastres
Recalca que si bien la Federación contará con instrumentos presupuestarios para gestión de riesgos prevención y atención de daños provocados por desastres, precisa que los estados de la República tendrán que “prever” recursos para atender sus propias emergencias y daños a la infraestructura local afectada por uno o más desastres.
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Será obligación y responsabilidad de las entidades federativas, emitir y publicar sus instrumentos jurídicos para atender emergencias o desastres.
Los estados deberán contar con sus propios seguros e instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre para cubrir el monto de los daños.
Tendrán que prever, en sus finanzas, recursos para atender sus “Acuerdos de Situación de Emergencia” y “de Situación de Desastre”.
En caso de que no cuenten con financiamiento suficiente, ya podrán solicitar apoyo de la Federación.
“Lo anterior, con la intención de que los recursos otorgados por la Federación estén justificados y atiendan directamente los daños ocasionados por amenazas naturales”, dice el texto.
Eliminación de las Declaratorias de Emergencia y Desastre
Añade que en lugar de las Declaratorias de Emergencia y Desastre, se emitirán “Acuerdos por el que se Establece una Situación de Emergencia y por el que se Establece una Situación de Desastre”.
Dichos “Acuerdos de Emergencia” contemplan que la Secretaría de Seguridad federal, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil reconocerá e informará qué entidades se encuentran en riesgo por amenazas naturales y por ello, requerirán auxilio inmediato.
Los “Acuerdos de Desastre”, se emitirán cuando los efectos de desastres rebasen la capacidad financiera y operativa local, con el fin de acceder a recursos federales.
Protección Civil “integral”
Indica que su objetivo es fortalecer un “enfoque integral” en la política de protección civil, tomando en cuenta la identificación de riesgos, acciones de previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción ante desastres.
Se busca consolidar las instancias de coordinación, planeación y ejecución de la política señalada, actualizando el Sistema Nacional de Protección Civil, la coordinación Nacional de Protección Civil, el Consejo Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Comité Nacional de Emergencias, la Escuela Nacional de Protección Civil e instancias estatales y municipales.
También, de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, con la participación de la iniciativa privada y la sociedad.
Manejo de donativos
Entre otros elementos, la Ley propuesta por el Primer Mandatario regulará los donativos con motivos de desastres.
Establece que las autoridades competentes en los tres órdenes de gobierno, conforme a la regulación local, definirán los criterios sobre el destino de los donativos para atender emergencias o desastres.
Prevé que los donativos a recibir, deberán ser verificables y aplicarse en específico a favor de las poblaciones afectadas, con el fin de verificar que su destino y manejo sea claro, eficiente y transparente.
Los donativos podrán ser deducibles de impuestos, siempre y cuando cumplan los requisitos fiscales vigentes.
Desaparición de fideicomisos
Refiere que en la presente administración se hicieron cambios legales al modelo de atención de desastres, para integrar la protección civil a la política de seguridad, con enfoque de gestión integral de riesgos y “garantizar el destino de los recursos para la atención de emergencias y desastres de manera oportuna y directa”.
El proyecto justifica nuevamente la extinción del FONDEN y su fideicomiso, al afirmar que se debió a las medidas de austeridad y combate la corrupción en la administración pública federal.
El Fondo se creó para auxiliar en la rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública federal, estatal y municipal, viviendas y restauración del medio ambiente, entregando recursos a estados y dependencias, previa solicitud de declaratorias de emergencia o desastre y conforme a las necesidades de reconstrucción.
No obstante, “destacó por su administración discrecional y su opacidad, pues estuvo sujeto a escasos controles y fue motivo de distintos escándalos de corrupción”, ya que en “múltiples ocasiones” se utilizaron desastres naturales, como pretexto para obtener recursos cuyo destino no se acreditó.
Así ocurrió con los casos de las inundaciones en 2011 en el estado de Tabasco; los huracanes Manuel e Ingrid, registrados en 2013 y que impactaron zonas de Colima y Tamaulipas.
También con el hallazgo en 2017, en Torreón, Coahuila, de colchas y artículos que debían llegar a damnificados, acumulados en bodegas y utilizados para campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI); y el presunto desvío de recursos destinados a la reconstrucción luego de los sismos de 2017.
Ciudadanos colaborarán en prevenir y atender desastres
Propone integrar la acción “participativa y solidaria” de la comunidad, en Comités Comunitarios de Prevención y Reducción de Riesgos, que sustituirán a la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios en entornos urbanos y rurales.
Esos Comités estarán integrados por los habitantes de barrios, colonias y pueblos, que deberán apoyar en la identificación de peligros y prevención de riesgos a nivel local, aunado a que serán “facilitadores” de la coordinación a nivel comunitario.
Plantea “reformular los instrumentos” para llevar a cabo acciones de prevención de desastres, sustituyendo las declaratorias de emergencia y desastres, por acuerdos con vigencia temporal, conforme a la eventualidad registrada.