El avance de la militarización de la política migratoria, a través de la incorporación de perfiles militares en los puestos de mando del Instituto Nacional de Migración y el involucramiento de la Guardia Nacional en tareas de control y verificación migratoria, generaron escenarios de mayor riesgo de violencia física, sexual, psicológica e institucional para las mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional, evidenciaron organizaciones.
Las organizaciones Caminantas, el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, A.C, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Las Vanders y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) informarán sobre los retrocesos en la política migratoria de México y su impacto en la garantía de derechos de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad e incluso que el enfoque militarizado de la seguridad pública ocasionó un aumento en los eventos de desplazamiento interno generando mayores cargas de cuidados para las mujeres.
El próximo 30 de octubre se llevará acabo la 88° sesión del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) en la que las organizaciones señaladas presentará documentación, testimonios y elementos probatorios de esta situación que se encuentra recopilados en el informe alterno sobre la situación de las mujeres y la niñas en contextos de movilidad 2023.
Te podría interesar
Agregaron que el enfoque de contención y criminalización de la migración resultó en un aumento en los eventos de detención migratoria de mujeres, 71 mil 788 en 2022 frente a los 31 mil 679 registrados en 2018, durante el noveno examen del Estado mexicano frente al Comité CEDAW. Además, la detención de niñas ha continuado, pese a que desde 2021 se prohibió su detención y la de sus familias.
El informe también muestra como hay un incremento de “devoluciones en caliente” al registrarse expulsiones expeditas sin garantía al debido proceso o al derecho a solicitar asilo, sobre todo en aeropuertos y fronteras, situaciones que afectan de forma desproporcionada a las mujeres cuidadoras, dando como resultado casos de separación familiar. A ello se suma la falta de una perspectiva de género en la política migratoria del país.
Te podría interesar
Ahora que las organizaciones han presentado contribuciones escritas al Comité CEDAW, el Estado mexicano debe elaborar un informe detallando los avances en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención y en las observaciones finales de su noveno examen, las cuales, por primera vez, incluyeron recomendaciones sobre mujeres migrantes, solicitantes de asilo y reconocidas como refugiadas.