La Presidencia de la República impugnó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) con el que le ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar la posdata que incluyó al inicio de su conferencia mañanera.
En el escrito, el cual fue presentado el 13 de octubre, Edgar Armando Aguirre González, director general de Defensa Jurídica Federal de la Consejería Jurídica, argumentó que la autoridad electoral pretende “erigirse como un ente sensor de conductas que no han sido materia de impugnación”.
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Agregó que ningún órgano jurisdiccional competente ha declarado que la posdata y las manifestaciones hechas por el primer mandatario, en la conferencia del 4 de octubre, resulten contrarias a derecho.
Mencionó que la orden para eliminar la posdata resulta injustificada, además de que violenta los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia, ya que no existe un pronunciamiento previo por parte de la autoridad competente.
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Aguirre González refirió que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral emitió un acto arbitrario al tramitar y resolver un incidente, supuestamente para hacer efectivo el principio de administración de justicia.
Indicó que dicha unidad se “asume como una autoridad cuasi jurisdiccional encargada de administrar justicia en la materia, lo cual resulta inverosímil, pues su función dentro de los procedimientos sancionadores es de carácter secundario al tratarse de una autoridad de mero trámite, encargada de substanciar los respectivos procedimientos, pero no es una autoridad resolutora como se pretende suplantar”.