El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Pardo Rebolledo, afirmó que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares dependerá del tema presupuestal.
Explicó que, a más tardar el 1 de abril de 2027, todos los juzgados del país dedicados a estos juicios deberán contar con la infraestructura, la estructura y el personal debidamente capacitado para el desahogo de las audiencias orales y, dadas las circunstancias que imperan en la actualidad, será muy complejo lograrlo.
Al participar en las jornadas de introducción al estudio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, organizadas por la Escuela Federal de Formación Judicial, Pardo Rebolledo señaló que el decreto, publicado el 7 de junio de este año en el Diario Oficial de la Federación, establece que los poderes judiciales, federal y estatales, deben hacer los ajustes para mejorar las estructuras e infraestructuras, así como para capacitar al personal y, para ello se deben aprobar los recursos presupuestarios correspondientes.
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El también presidente de la Primera Sala manifestó que, si bien el artículo sexto transitorio del Decreto precisa que la Cámara de Diputados contemplará a partir del 2024 una asignación de recursos presupuestarios, “siempre existe la posibilidad de que, en el siguiente ejercicio fiscal, no sólo no se aumente el presupuesto, sino que, incluso, exista una reducción, lo cual, sin duda, dificultaría todavía más el poder dar cumplimiento a lo establecido".