Los magistrados electorales no pueden ser sometidos a procesos ni acusaciones legales, como ha perfilado la mayoría en la Cámara de Diputados, a raíz de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó modificar la convocatoria de selección a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Así lo afirmó el presidente de la Mesa Directiva del recinto parlamentario, Santiago Creel, quien aseveró que esa postura del bloque mayoritario, no tiene base legal.
Consultado respecto al estado que guarda el proceso de renovación de cuatro asientos en el Consejo General del INE, el congresista indicó que en lo personal no acompaña ni está de acuerdo con la postura de la mayoría en la Junta de Coordinación Política, de valorar posibles acciones legales contra los integrantes del Tribunal que pidieron a los diputados corregir el camino.
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Enfatizó que no se debe y legalmente no es posible, pedir sanciones a los miembros del organismo jurisdiccional electoral, por ejercer sus facultades.
“De ninguna manera, y anticipo, estaré yo de acuerdo con ninguna sanción de ningún tipo, porque además son insancionables, porque tienen exactamente el estatuto del Título Cuarto de la Constitución que tenemos nosotros los diputados, y lo que tienen senadores y los altos servidores públicos. Entonces, no es una cuestión de sancionarles, no se puede, y no solamente no se puede, creo que no se debe”, atajó.
Creel Miranda remarcó que su postura y punto de vista como presidente de la Cámara, es que ni se puede ni se debe ir por procedimientos legales contra los magistrados electorales.
Optó por no hacer señalamiento alguno respecto a que esa recomendación la dio a la Junta de Coordinación Política, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del recinto.
Proceso de renovación del INE reiniciará en febrero
El integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó que ante la sentencia del Tribunal y la decisión de suspender los plazos, fechas y procedimientos echados a andar en el recinto, se tiene previsto retomar el tema en febrero próximo, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones.
Señaló que para someter al Pleno del recinto una propuesta de acatamiento de la orden en cuestión, primero deben reunirse la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.
Ese encuentro aún no tiene fecha precisa, pero se debe llevar a cabo antes de febrero, abundó.
Indicó que la Mesa Directiva ejercerá las facultades que la ley le confiere y en caso de ser necesario o bien, que los líderes parlamentarios lo acuerden, se buscará tener un acercamiento con los magistrados que emitieron la resolución.