La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por la aprobación de una serie de modificaciones normativas que someten a la Guardia Nacional al control operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional; por lo anterior, urgió al Estado Mexicano a reconsiderar estas modificaciones en cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos frente a la militarización de la seguridad ciudadana.
Al recordar que la Comisión ha dado seguimiento a la creación de la Guardia Nacional y sus modificaciones normativas, señaló que las aprobadas este 9 de septiembre del 2022 contemplan que el titular de la Sedena tenga a su cargo la capacitación permanente en el uso de la fuerza de todo el personal, la cadena de custodia y en el respeto a los derechos humanos.
Según el texto aprobado, además, buscaría expresamente "facilitar" la colaboración en materia de seguridad ciudadana entre la Guardia Nacional y la Fuerza Armada permanente y establecer la equivalencia jerárquica, formación táctica y política de ascensos entre estas, además dispone que el personal que labore en la Guardia Nacional continúe sujeto al fuero militar.
Te podría interesar
Este paquete de modificaciones aprobadas mantiene la tendencia de la militarización de la seguridad ciudadana en México, esta ha sido advertida por la Comisión también frente a la aprobación de normativa que disponía que las fuerzas armadas asumirían, por un periodo de cinco años, la obligación de llevar a cabo las acciones necesarias para coadyuvar con las autoridades civiles, quienes son responsables en materia de seguridad pública; el Estado indicó que el plazo de cinco años no ha sido objeto de modificaciones.
Recordó que desde su visita in loco realizada en 2015, la CIDH analizó la militarización de las tareas de la seguridad pública, su función en el recrudecimiento de la violencia y su relación con los altos niveles de impunidad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos.
Te podría interesar
Recomendó a México desarrollar un plan para el retiro gradual de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, fortalecer a las fuerzas policiales, adoptar una ley sobre uso de la fuerza y un mecanismo de rendición de cuentas ante el uso de la fuerza letal.
Por el contrario, según la información recibida por la Comisión, los cuerpos policiales se han debilitado tanto a nivel municipal como estatal.
La CIDH reconoció el reto que enfrenta México “frente a la grave situación de violencia que afecta al país desde hace varios años. Aproximadamente 100 mil personas desaparecidas, 15 mil 400 homicidios dolosos en lo que va del primer semestre, 15 personas periodistas asesinadas durante el 2022 y el reporte de más de 500 posibles feminicidios en lo que va del año, según información pública”.
En este sentido, preocupa que la justificación para estas modificaciones enfatiza que solo una estructura como la de la SEDENA, con su despliegue territorial, estructura operacional y disciplina militar se encuentra en capacidad de afrontar el contexto de violencia.
Tal fundamentación resulta insuficiente por sí misma frente a los riesgos que la militarización acarrea para el respeto y garantía de los derechos humanos bajo una perspectiva integral de seguridad humana, incluso si la formulación de la estrategia de seguridad pública se mantuviera en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, concluyó.