La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión de las acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores oposición para impugnar diversas disposiciones que contemplan la prisión preventiva oficiosa.
Al momento, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como los ministros Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carranacá se pronunciaron en contra de la propuesta de su homologo Luis María Aguilar Morales de inaplicar el artículo 19 constitucional, el cual contiene el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, con lo cual ya no se alcanzaría la mayoría de ocho votos.
Los juzgadores argumentaron que la Corte no tiene facultades para no observar o reformar la Constitución, pues esa es una atribución exclusiva del Congreso de la Unión.
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Al exponer sus argumentos, Aguilar Morales sostuvo que el proyecto no busca desaparecer la prisión preventiva, ni obstaculizar las labores de investigación y persecución de los delitos.
“Esta propuesta no significa que la Suprema Corte de Justicia vaya a negar la posibilidad de decretar la prisión preventiva, simplemente significa que el Ministerio Público deberá solicitarla en forma justificada y deberá ser revisada periódicamente y usada excepcionalmente. Tampoco significa que se proponga que las personas que actualmente están internas, deban ser liberadas en automático con motivo de una decisión que se pudiese aprobar”.
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A su vez, el ministro Alberto Pérez Dayán se pronunció en contra del proyecto; sin embargo, reconoció que se está dando un uso indebido a la prisión preventiva oficiosa, motivo por el cual se debe revisar, pero no dejarse de aplicar.
Existen razones sobradas y justificadas para revisar periódica y profundamente el modo en qué la figura está diseñada, para poder descubrir aquello que la viene alterando, pero más cierto es que mucho de este ejercicio, por lo menos lo principal, corresponde al propio revisor de la Constitución y no a este tribunal por garante que sea del orden constitucional. No me corresponde asumir una tarea que no se me otorgó, no soy quien para desprender hojas de la Constitución”.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel sostuvo que al eliminar la prisión oficiosa se dejaría a las víctimas a merced de los grupos criminales.
“Si se considera que hay un abuso en la medida cautelar de la prisión preventiva, éste no es un problema de la Constitución, ni estamos facultados por ella para inaplicarla. La prisión preventiva oficiosa no es una medida cautelar deseable para el Estado mexicano, pero los enormes costos económicos que demanda la seguridad en los reclusorios del país; sin embargo, suprimirla significaría una decisión que generaría mayores costos sociales porque implicaría dejar a la sociedad a merced de las bandas dedicadas al crimen organizado”.
La Corte continuará mañana con la discusión de este asunto, sesión en la que fijaran su postura dos ministras y cuatro ministros.