Jesús Murillo Karam, poderoso procurador durante la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto y creador de la “verdad histórica” del caso de la desaparición y homicidio de 43 normalistas de Ayoztinapa, fue detenido este viernes saliendo de su lujosa residencia en Lomas de Chapultepec, al poniente de la Ciudad de México.
Su arresto por parte de elementos de la Fiscalía General de la República ocurre sólo unas horas después de que el gobierno mexicano, a través del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que a casi ocho años del crimen que sacudió a México nunca se sabrá la verdad de lo que ocurrió debido a negligencias, omisiones y corrupciones encabezadas por el equipo que lideró Murillo Karam durante las investigaciones en Guerrero.
“Fue un crimen de Estado”, sentenció este jueves 18 de agosto el subsecretario Alejandro Encinas al señalar que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia creada hace tres años al inicio de la llamada Cuarta Transformación ha concluido que hubo acciones deliberadas para obstruir el acceso a la justicia para las víctimas del 26 al 27 de septiembre de 2014.
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“Estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles”, acusó el funcionario mexicano en la presentación del informe en Palacio Nacional repartiendo culpas: desde miembros del crimen organizado de organizaciones delictivas como Guerreros Unidos hasta altos funcionarios federales estuvieron coludidos en unos casos más dolorosos en la historia moderna de México.
Uno de esos altos funcionarios es Murillo Karam, quien hasta esta tarde era considerado uno de los políticos más poderosos de México:
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- Exsecretario general del PRI.
- Expresidente de la Cámara de Diputados.
- Exgobernador de Hidalgo.
- Titular entre 2012 y 2015 de la Procuraduría General de Justicia.
El cargo de procurador, lo dejó después de una oleada de críticas tras soltar la frase “Ya me cansé”, cuando informaba sobre los avances de la investigación sobre el caso Ayotzinapa.
Murillo Karam defendió la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, que criminalizaba a los estudiantes desaparecidos por sugerir que los normalistas pretendían boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, la entonces presidenta del DIF de Iguala, Guerrero, y por eso fueron detenidos. La nueva información asegura que sólo buscaban llegar a la Ciudad de México para participar en la marcha anual del 2 de octubre.
La versión desmentida por el gobierno actual también acusa a dos personas apodadas “El Gil” y “El Cepillo” de ordenar el crimen, pero la nueva versión afirma que esos testimonios fueron conseguidos mediante tortura; la versión del sexenio anterior apunta a que supuestos integrantes del cártel Guerreros Unidos incineraron a los jóvenes en el basurero de Colula tras confundirlos por supuestos rivales del grupo criminal Los Rojos, mientras que la versión de este gobierno asegura que no hay indicios de que ese hubiera sido el destino de los alumnos y que se “sembraron” pruebas para dar un rápido carpetazo al expediente.
“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes de Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen se trató de un crimen de estado”, afirmó.