CÁMARA DE DIPUTADOS

Parlamento abierto sobre personas con discapacidad y educación, en San Lázaro

Subsanarán omisión, al no haber consultado a personas con discapacidad, para integrarlas en las leyes secundarias de la reforma educativa.

Palacio Legislativo (Imagen ilustrativa).
Palacio Legislativo (Imagen ilustrativa).Créditos: Cámara de Diputados-@Mx_Diputados
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Las comisiones unidas de la Educación y Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados acordaron cumplir con el mandato judicial de realizar consultas a personas con discapacidad, cuya opinión no fue atendida al momento de emitir la Ley General de Educación.

El procedimiento establecido para acatar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será a través de un ejercicio de parlamento abierto cuya fecha de inicio, tendrá que ser definida en el transcurso de los próximos 14 días naturales.

En reunión ordinaria, los integrantes de ambas comisiones ordinarias señalaron que con la discusión pública en la materia, el capítulo de educación inclusiva de la Ley General de Educación podrá corregirse.

Parlamento abierto personas con discapacidad

Los congresistas determinaron que definirán y coordinarán el proceso para cumplir con la sentencia de la Corte, emitida en respuesta a una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2019.

El resultado del parlamento abierto, agregaron, deberá ser un proyecto de dictamen que atienda las irregularidades y omisiones cometidas en los artículos 61 al 68 del capítulo sobre educación inclusiva, de la Ley General de Educación.

Las comisiones organizadoras del parlamento, también se encargarán de emitir el dictamen correspondiente. Sus respectivas Juntas Directivas atenderán los aspectos imprevistos en el acuerdo y cuyo fin sea dar cumplimiento a la sentencia de la Corte.

Al referirse al tema, los miembros de las comisiones coincidieron en señalar que el mecanismo de consulta a través de un parlamento abierto, es novedoso y podría establecer un precedente en el trabajo parlamentario, así como en las acciones para acatar sentencias judiciales.