Las dirigencias nacionales de Morena y del Partido del Trabajo (PT) recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el propósito de blindar a los funcionarios públicos que aspiran a un cargo de elección popular y que éstos puedan obtener la candidatura sin importar que hayan sido sancionados por incurrir en infracciones en materia electoral.
Ambos institutos políticos interpusieron dos acciones de inconstitucionalidad para impugnar los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que la Sala Especializada y los tribunales electorales locales analicen la pérdida del modo honesto de vivir de los servidores públicos que fueron sancionados por violar de forma reiterada la Constitución y las leyes durante los procesos electorales, con lo cual estarían impedidos para ser postulados como candidatos.
En su escrito, el líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, argumentó que el TEPJF carece de competencia constitucional para hacer subsistir dichos criterios con rango equivalente a una ley, a pesar de que su subsistencia solo sea hasta que se legisle al respecto.
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Mencionó que el órgano jurisdiccional no tiene atribuciones para declarar cuándo será válida o no, con efectos generales, la legislación que se apruebe en la materia.
Ante ello, el ex diputado federal solicitó al Alto Tribunal la invalidar los criterios que emitió la Sala Superior, ya que “constituyen per se un acto materialmente legislativo”, pues con su emisión crea y regula situaciones jurídicas abstractas, impersonales y generales, que son las características distintivas de una ley y que pretenden vincular a los órganos jurisdiccionales en materia electoral.
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El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, ordenó turnar las acciones de inconstitucionalidad a una de las ministras, quien deberá resolver si las admite a trámite.
Este asunto derivo luego de que el TEPJF confirmó que 16 mandatarios estatales afines a Morena incurrieron en “ilícitos constitucionales” y desobediencia durante el proceso de revocación de mandato al difundir propaganda gubernamental y propaganda personalizada.
La Sala Superior determinó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue la que más infracciones cometió con 16, seguida por Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, con 13; Rutilio Escandón, de Chiapas, y Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, con 10 cada uno.