El Instituto Nacional de Migración (INM) deberá informar sobre sus funcionarios que han sido sancionados por participar en el delito de tráfico de migrantes, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Para dicho fin, el INM debe realizar una nueva búsqueda a fin de localizar y entregar los documentos que den cuenta de los funcionarios sancionados y/o apartados de su puesto por participar, colaborar o apoyar en el tráfico de migrantes, desde el año 2010.
El pleno del órgano garante precisó que la información deberá estar desglosada por año, funcionarios apartados/sancionados, sanción que se impuso, evento que se imputa y número de expediente; en caso de que lo requerido contenga datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales, deberá elaborar versiones públicas.
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La comisionada encargada del recurso, Julieta del Río indicó que la historia de nuestro país no puede entenderse sin la migración, “somos una nación con una fuerte tradición migratoria cuyo destino principal son los Estados Unidos, pero también nos hemos convertido en un país de tránsito y destino de población de otros países”:
“Las restricciones internacionales para frenar la migración no hacen sino colocar, a quienes deciden hacerlo, en situaciones de extrema vulnerabilidad. El ejemplo más reciente que nos entristece a todos es el hallazgo de los cuerpos sin vida de las personas en el interior de un remolque abandonado en el sur de Texas”, indicó.
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Destacó la necesidad de que instituciones del Estado mexicano realicen el mayor de los esfuerzos para garantizar los derechos de los migrantes, su integridad y su seguridad.
“Hacer públicas las resoluciones en las que se hubiera sancionado a servidoras o servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, que es la única autoridad facultada para realizar la detención de migrantes, es indispensable para conocer si su actuación está apegada a salvaguardar los derechos humanos de quienes transitan en el país”, enfatizó.
Un ciudadano solicitó la versión pública del listado de funcionarios sancionados y/o apartados de su puesto, por participar o colaborar o apoyar al tráfico de migrantes, desde el año 2010, desglosado por año, funcionarios apartados y/o sancionados, sanción que se impuso, evento que se imputa, número de expediente, y versión pública de la documentación generada.
En su respuesta, el INM argumentó que la dirección de Administración de Personal del Instituto, manifestó que, después de una búsqueda el resultado fue cero oficiales apartados de su puesto, por participar, colaborar o apoyar al tráfico de migrantes, desde el año 2010.
Tras el análisis del caso, se concluyó que el agravio sí es fundado, en virtud de que, si bien la solicitud fue turnada a una unidad administrativa competente, no resultó aplicable la respuesta de inexistencia, toda vez que el particular no solicitó un número sino el listado de servidores públicos que resultaron sancionados por participar, colaborar o apoyar al tráfico de migrantes, desde el año 2010.
Del Río Venegas explicó que el sujeto obligado utilizó el procedimiento erróneo para esta búsqueda. “El sujeto obligado, Instituto Nacional de Migración, debió identificar una expresión documental como podría ser las resoluciones notificadas por el Órgano Interno de Control donde se impusieran sanciones por los hechos referidos en la solicitud del recurrente.