La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) convocó a México y a las víctimas del caso Tzompaxtle Tecpile y otros, a una audiencia pública en la que el gobierno deberá rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos en un proceso internacional que podría culminar con una orden para modificar la Constitución y las leyes para evitar la prisión preventiva oficiosa.
María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad AC, organización que representa a las víctimas, dijo que la audiencia pública se realizará el 23 de junio del 2022 en San José Costa Rica y se espera que emita sentencia sobre el caso este mismo año.
El caso Tzompaxtle Tecpile y otros trata de la detención arbitraria e ilegal de los indígenas nahuas de Astacinga, Veracruz, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y la de Gustavo Robles López, ejecutada por agentes de la policía federal en el Estado de Veracruz en enero de 2006.
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Después de su detención, las víctimas estuvieron sujetas a un procedimiento judicial que violó las garantías de un juicio justo, entre otras situaciones, porque las víctimas fueron retenidas y requisadas sin orden judicial y sin que existiera flagrancia y posteriormente fueron sujetas a arraigo y a prisión preventiva oficiosa, entre otras irregularidades.
Esta es la primera vez que los temas del arraigo y la prisión preventiva en México serán conocidos por la Corte Interamericana, esto es un hecho de la mayor importancia porque la sentencia podría ordenar al Estado mexicano eliminar arraigo y prisión preventiva oficiosa de la Constitución, afirmó López Paulino.
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El caso llega a la Corte IDH, después de 15 años de que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad presentó una petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión admitió la queja y el 7 de diciembre de 2018; el 1 de mayo de 2021 la Comisión decidió someter el caso a la Corte Interamericana.