Un juez de control con residencia en el Reclusorio Norte vinculó a proceso al general José Antonio Ramos Arévalo, ex director de Servicios Aéreos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, así como fraude equiparado, derivado de la compra de aviones no tripulados y drones de uso militar para labores de inteligencia por casi 615 millones de pesos.
El 18 de marzo de 2019, el servidor público se separó del cargo luego de la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR) por la adjudicación de dos contratos a la empresa Balam Seguridad Privada, para adquirir aeronaves no tripuladas.
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Uno de los contratos para comprar las aeronaves y drones fue firmado en 2013, por 30 millones 693 mil dólares, equivalentes a 427 millones 46 mil 195 pesos. El otro se firmó en 2015, por 10 millones 730 mil dólares, que equivalían a 187 millones 775 mil pesos.
La FGR detectó que no se cumplió con lo estipulado en el contrato, porque una de las aeronaves fue entregada con 16 días de retraso, mientras que las restantes se entregaron 183 días después del plazo.
Sin embargo, Ramos Arévalo, en su carácter de director general de Servicios Aéreos, presuntamente devolvió una póliza de fianza por la cantidad de 2 millones 646 mil dólares a la empresa.
Por esta razón, el juez de control consideró que se actualizan los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, en la hipótesis de al servidor público que indebidamente contrate adquisiciones de bienes, con recursos económicos públicos, y fraude equiparado por tener a su cargo el cuidado de bienes ajenos.