En la Cámara de Diputados, se suspendió de manera “indeterminada” e inusual, la comparecencia del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo.
Lo anterior, debido al desalojo del lugar, ante el bloqueo establecido por integrantes de sindicatos de escuelas y distintos centros del subsistema de educación media superior en todo el país.
Cuando los congresistas fijaban posicionamientos ante el funcionario federal, el presidente de la Comisión de Transparencia, Juan Carlos Romero, decretó receso.
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Llamó a una reunión “en corto” y de manera extraordinaria, en el podio del Salón Legisladores, con los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión y el secretario Salcedo Aquino.
Después de un momento de deliberación, Romero Hicks anunció la suspensión de la comparecencia, por tiempo “indeterminado” y los asistentes a la misma comenzaron a abandonar rápidamente el lugar, ante los reiterados llamados a desalojar el Palacio Legislativo.
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Combate a la corrupción
Durante su presentación, el titular de la Función Pública dio cifras sobre los resultados del combate a la corrupción, sanciones a servidores públicos por uso irregular del recurso público y del cargo, así como las denuncias presentadas por el ejercicio indebido de la función pública.
Indicó que en materia de responsabilidades, entre 2021 y lo que va de 2022 se han integrado 25 mil expedientes, de los cuáles mil 455 corresponden a faltas administrativas graves como cohecho, peculado, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.
Esos asuntos ya fueron turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Los otros 23 mil casos correspondieron a faltas no graves, añadió.
Sobre sanciones por contrataciones públicas, a licitantes, proveedores y contratistas, apuntó que se emitieron 357 resoluciones, de las cuales 249 fueron sancionatorias, con imposición de multas por mil 278 millones de pesos.
Por esos hechos, se inhabilitó a 175 empresas, reportó.
Agregó que se presentaron 79 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones, abuso de autoridad, fraude y peculado.
Otras 331 carpetas de investigación asociadas a esas denuncias, siguen en investigación, abundó.
Refirió que en suma, de 2019 y hasta 2024, el Gobierno Federal habrá tenido en sus manos aproximadamente 40 billones de pesos de gasto neto total, sobre el cual se debe mantener vigilancia.
Expresó que el área del gasto donde mayores desvíos e uso irregular de recursos, así como casos de corrupción se registran, es en el de obras públicas, con un 80 por ciento del total.