Al atender el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador; la Fiscalía General de la República (FGR) informó que hay dos carpetas de investigación relacionadas con el caso Pegasus.
Detalló que la primera de ellas está relacionada con la adquisición por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), durante el sexenio anterior, de dicho equipo por la cantidad de 456 millones 843 mil 149 pesos, sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.
Mencionó que en esta indagatoria se advierte la existencia de un concurso de delitos consistentes en peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa; y cuyos presuntos responsables fueron Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como otros servidores públicos que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento.
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Indicó que actualmente se está gestionando la solicitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal.
Por lo que toca al uso de dichos equipos, la FGR refirió que estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto.
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La segunda carpeta es por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos, en la cual, el 26 de agosto de 2021, ejerció acción penal en contra de Juan Carlos García Rivera, quien trabajaba en la empresa Proyectos y Diseños VME, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; todo ello como coautor material.
En este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión.
El 1 de noviembre de 2021, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de García Rivera y fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
El 6 de noviembre de ese año, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.
En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema Pegasus, mismo que utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas.
Finalmente, la FGR señaló que conforme se vaya obteniendo mayor información al respecto a la investigación relacionada con el caso Pegasus, se dará a conocer.