La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la decisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de ordenar a la cual resolvió que la Guardia Nacional para que entregue la versión pública de los informes sobre uso de la fuerza previstos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH expuso que el INAI "es una institución esencial para asegurar que la ciudadanía tenga acceso a la información con una perspectiva de derechos humanos. Su más reciente decisión, que establece que la Guardia Nacional debe actuar bajo los principios de transparencia y máxima publicidad en todo momento, es una muestra de ello".
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"La opacidad, las restricciones generalizadas en la reserva de información y la reticencia a la rendición de cuentas sobre su desempeño, son incompatibles con la Guardia Nacional y con cualquier otra institución que ejerza tareas de seguridad ciudadana en un Estado de Derecho".
Recordó que luego de una solitud de información sobre el uso de la fuerza presentada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, conocido como "Centro Prodh", el INAI revocó la respuesta original dada por la Guardia Nacional, por la cual reservaba de manera general e íntegra la información solicitada.
Tras el análisis de la información reservada y confidencial, el INAI concluyó que debe hacerse una versión pública de los informes sobre uso de la fuerza de la Guardia Nacional.
De igual forma, Naciones Unidas también saluda la disposición de la Guardia Nacional para dar acceso al INAI a la información solicitada, base para evaluar la petición formulada por el "Centro Prodh".
"Mantener esta disponibilidad es fundamental para resolver de manera efectiva los casos de acceso a la información conforme a estándares internacionales de derechos humanos".
Reiteró su plena disposición para brindar la asistencia y cooperación técnica que precise el Estado mexicano para el fortalecimiento de sus capacidades en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas con perspectiva de derechos humanos.