El consorcio de empresas de los hijos y nietos del expresidente Luis Echeverría Álvarez, está implicado en un incumplimiento de un laudo laboral, y a pesar de que la resolución judicial lo condena a pagar una suma millonaria por despido injustificado, el afectado sigue en espera de justicia.
Raúl Olvera Gómez, ex contador de las empresas inmobiliarias de los descendientes del expresidente de México, impugnaron en 2015 mediante un amparo, la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ante el Juzgado 5o de Distrito en Materia Laboral, dejando momentáneamente sin efecto el laudo.
Heraclio Bonilla, asesor jurídico del afectado, Raúl Olvera Gómez, dijo en conferencia de prensa que poco le duró el gusto a la familia del exmandatario, ya que en enero de este año el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo con sede en la Ciudad de México, echó abajo la resolución del Juez de Distrito y ordenó respetar el laudo de la Junta y enviarlo para su ejecución, situación que hasta el momento no ha sucedido.
"En julio de este año buscaron al contador la señora Vanessa Munguía, ella le propone y se reúnen, llegan a una cantidad, están de acuerdo, le fijan fecha 4 de agosto, pero un día antes, el 3 de agosto, le llaman por teléfono para cancelarle y decirle que siempre no hay tienen dinero (\u2026) no tiene nada que estudiar de lo que resolvió el colegiado simplemente tiene que cumplir un resolutivo que le ordena al juez devolver a la Junta el expediente para ejecutarlo", detalló.
El adeudo económico con el ex contador de las empresas inmobiliarias se los hijos y nietos de Echeverría, según el expediente, es de aproximadamente 50 millones de pesos, pero el afectado aceptó la proposición de la apoderada legal, de 9 mdp, el cual también incumplió.
La defensa del demandante denunció que el juzgador 5o de Distrito en Materia Laboral ha incumplido con el ordenamiento de los magistrados, por lo que estaría incurriendo en un desacato.
Por esa razón, los asesores jurídicos del contador mencionaron que analizan recurrir al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y otras instancias para hacer valer lo que por ley ordenó la Junta al citado consorcio, a cubrir en tiempo y forma.
De lo contrario, podrían emprenderse nuevas acciones legales para obligar al juez federal a que cumpla con lo que le ha instruido el órgano de segunda instancia.