La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados convocó a sus integrantes a reunirse en pleno, de manera semipresencial, para dictaminar la iniciativa del Presidente de la República con reformas a la Ley de Hidrocarburos.
Los integrantes de ese órgano parlamentario fueron citados para el próximo miércoles 14 de abril.
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El dictamen que se apruebe, podría subir al Pleno de San Lázaro ese mismo día, o bien, el jueves 15 de abril.
El proyecto que se distribuyó entre los integrantes de la Comisión, planteado en los mismos términos en que lo envío el Ejecutivo Federal, señala que la iniciativa busca garantizar el suministro de hidrocarburos y petrolíferos, así como lograr la seguridad y soberanía energéticas y con ello, apuntalar el desarrollo nacional.
Indica que los cambios propuestos coinciden con el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, y busca fortalecer el papel del Estado a fin de garantizar la seguridad energética de México y salvaguardar la seguridad nacional, lo que contribuirá al desarrollo de infraestructura y prevendrá problemas de seguridad pública.
Refiere a la problemática de los precios internacionales del petróleo, así como la vulnerabilidad de países dependientes energéticos de otras naciones, como México, por lo que se requiere un marco jurídico "robusto" y la propuesta del Presidente de la República lo generará, dice.
Enumera los elementos de cambio planteados desde la Presidencia, en materia de almacenamiento mínimo de petrolíferos; la "negativa ficta" al tramitar permisos, para que se entienda por negado ese trámite, cuando la autoridad no responda, ello, para dar mayor seguridad al Estado y la sociedad.
Prevé revocar permisos por reincidencia en incumplimiento de la ley.
También incluye medidas en el rubro de combate al contrabando de combustibles; suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética y la economía nacional.
El documento destaca integrar a la ley la Política para el almacenamiento mínimo de petrolíferos, hacer obligatorio que al otorgar permisos de la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el peticionario demuestre que tiene capacidad probada de almacenamiento de gasolinas, diésel y turbosina.
Para ello, los permisionarios tendrán que invertir en crear infraestructura de almacenamiento que garantice seguridad energética y la disponibilidad de combustibles para emergencias, con el fin de garantizar las actividades económicas del país, dice.
Respalda la propuesta del Ejecutivo de incluir como causal de revocación de permisos para manejo de hidrocarburos, el haber cometido delito de contrabando, hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y que ello haya sido determinado a través de resolución firme de la autoridad competente.
Afirma que esa disposición, no afecta a los permisionarios que actúan de manera lícita, ya que será aplicable a quienes incumplan sin causa justificada con el objeto, obligaciones y condiciones del permiso; incumplimiento de normas oficiales mexicanas; realizar prácticas discriminatorias en perjuicio de los usuarios.
La medida va dirigida a quienes realicen actividades de transporte, almacenamiento, distribución o expendio de hidrocarburos y petrolíferos adquiridos de manera ilícita, ello, previa resolución judicial firme.
El dictamen por analizar, refrenda que habrá suspensión de permisos con el fin de garantizar los intereses de la nación, y sin afectar derechos de terceros, las operaciones continuarán a cargo sólo a través de las empresas productivas del estado.
"Al excluir a los privados de la posibilidad de manejar y controlar las instalaciones intervenidas, el procedimiento se vuelve más expedito y se reducen los riesgos de impactar actividades, mientras dura el procedimiento de intervención, ocupación o suspensión", expone.
"Para la continuidad en la operación e las actividades que ampare el permiso, la autoridad podrá contratar a empresas productivas del Estado para el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas", apunta.
Refrenda el planteamiento de suspender temporalmente permisos cuando haya peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional.
El dictamen justifica la propuesta, al señalar que la escasez, desabasto e interrupciones en el suministro de hidrocarburos y petrolíferos son riesgos a la seguridad energética que pueden afectar gravemente la estabilidad del país.
Reduce las debilidades estructurales del sistema energético nacional, para responder de mejor manera al impacto internacional y el riesgo de desabasto en el suministro, externa.
Afirma que la iniciativa deja a salvo derechos de terceros y garantiza la continuidad en la operación de las actividades que amparan los permisos.
Establece que el permisionario podrá solicitar el fin de la suspensión temporal en su contra, cuando demuestre que las causas que la generaron ya se subsanaron, erradicaron y desaparecieron. Esto, a menos de que el permisionario esté involucrado en robo de combustibles y otras faltas administrativas.
También sostiene la revocación de permisos a quienes alteren la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos, y a quienes modifiquen sistemas, ductos o instalaciones, sin autorización.
Es decir, a quienes despachen litros incompletos de combustibles en gasolineras, o a través de cilindros o tanques estacionarios; o bien, utilicen mecanismos físicos o electrónicos para alterar los mecanismos de medición.