En México 45 defensores de DH han sido asesinados en 2019 y 2020

A través del Informe Defensores 2020, la organización puso en evidencia la inacción del Estado por prevenir, investigar y sancionar los ataques.

Escrito en NACIONAL el

La Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT), documentó el asesinato de 45 personas defensoras de derechos humanos en México durante 2019 y 2020.

A través del Informe Defensores 2020, la organización puso en evidencia la inacción del Estado por prevenir, investigar y sancionar los ataques contra los defensores además que es el mismo gobierno quien pone en entredicho la labor de defensa al criminalizar y estigmatizar a quienes realizan esta labor.

En el documento la RED TDT detalla que entre 2019 y 2020 los movimientos feministas adquirieron protagonismo sin embargo, se ha hecho uso desproporcionado de la fuerza contra este y han sido cuestionadas, denostadas y criminalizadas "desde las más altas esferas del poder".

En el caso de la diversidad sexual, se documentó también el asesinato en 2020 de al menos seis personas que realizaban acciones a favor de los derechos humanos en este grupo y en ninguno de los casos se consideró como línea de investigación su activismo.

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Respecto a la defensa de los territorios la RED TDT, recordó que en el 2019 los intereses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se manifestaron en una serie de consultas impuestas y en 2020 las comunidades protestaron en contra de la imposición de los megaproyectos pero han sido ignorados, son objeto de campañas de desprestigio, criminalización y judicialización.

"Los patrones de violaciones de derechos humanos y omisiones del Estado en cuanto a tierra y territorio se reflejan en el caso del Proyecto Integral Morelos. Samir Flores fue asesinado y día con día se multiplican las agresiones contra activistas de Puebla, Morelos y Tlaxcala".

Finalmente el informe advierte que las personas defensoras de derechos humanos en el país se enfrentan a la intimidación, estigmatización, amenazas, acoso, desacreditación y criminalización por su labor, especialmente cuando su trabajo apela o incómoda a actores estatales.