El juez José Armando Zozaya Solórzano, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal con residencia en Tepic, le concedió la suspensión definitiva a Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINGroup, contra la orden de aprehensión o detención.
Sin embargo, la medida cautelar no impide a la Fiscalía General de la República (FGR) detener al llamado Rey del Outsourcing, a quien se le imputan los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, este último amerita prisión preventiva oficiosa.
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De acuerdo con las investigaciones, Beyruti Sánchez recibió, entre 2014 y 2017, en una cuenta bancaria 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de empresas factureras.
Por este motivo, el 12 de febrero de este año, el juez Daniel Ramírez Peña, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, libró la orden de aprehensión en contra del empresario.
Las empresas implicadas en este caso son: Pioneros en Administración, Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones, Tikhvin, Manejo Grafico del Sur y Glabal Crecimiento en Cuentas; todas fueron constituidas entre el 2008 y el 2015 en San Luis Potosí, Cancún, Isla Mujeres y la Ciudad de México.
Por estos hechos, el impartidor de justicia también ordenó la captura de las nueve personas que constituyeron dichas empresas: Heriberto Sánchez López, José Manuel Campos Campos, Héctor Alberto Lezama Argáez, Jorge Leonardo Muñoz Vizcaíno, Luz María Salas Solano, Jorge Francisco García Reyes, Manuel Alejandro Zepeda Álvarez, Benito Pérez López y Marco Antonio Medina Moreno.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) a las cinco compañías, además de que todas ellas emplearon Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) para respaldar actividades inexistentes, actos de comercio y servicios que nunca se prestaron.
El 17 de octubre de 2019, Glabal Crecimiento desvirtuó legalmente ser una “facturera”, pero el juez consideró que esto no implicaba necesariamente que no lo fuera.
El juzgador señaló que cuatro de esas empresas sí cuentan con registro patronal, pero los empleados registrados fueron dados de baja en su totalidad; además, los domicilios no fueron localizados o no eran conocidos por los vecinos.