Suman 84 suspensiones definitivas contra reforma eléctrica

Juez Rodrigo de la Peza otorga suspensión a la organización ambientalista Greenpeace, la cual argumentó que la reforma frenaba las energías sustentables.

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En las últimas 24 horas, dos jueces federales otorgaron otras ocho suspensiones definitivas contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, con lo cual ya suman 84 las medidas cautelares concedidas a empresas y organizaciones ambientalistas.

De acuerdo con los registros judiciales, el juez Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió cuatro suspensiones definitivas contra la reforma eléctrica, una de ellas a Greenpeace.

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En su demanda de garantías, la organización ambientalista destacó que los cambios aprobados a la ley tienen como "consecuencia el desplazamiento de la utilización de fuentes renovables por fuentes más contaminantes; además de que no se promueve la utilización de energías limpias, permitiendo que el Estado Mexicano pueda incumplir con los compromisos sobre cambio climático que ha adquirido".

Al respecto, el impartidor de justicia destacó que del análisis preliminar de los actos reclamados, "generan indicios suficientes para concluir que la ejecución de los actos reclamados podrían priorizar la producción y el consumo de energías fósiles, con la consecuente afectación del medio ambiente, debido a la cantidad de gases y compuestos de efecto invernadero que producen, y que podría dañar el derecho que tienen las personas en general a disfrutar de un medio ambiente sano y de una buena salud".

Por su parte, el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó otras cuatro suspensiones definitivas a las empresas Solar Park Viborillas; Eurus, y a Energía Renovable del Istmo II.

En este contexto, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones declaró sin materia los recursos de queja que interpusieron la Cámara de Diputados y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para impugnar la suspensión provisional que se les concedió a las empresas, misma que quedó sin efectos luego de que los jueces otorgaron la definitiva.