El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la sanción que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Laboratorios Solfrán, empresa del ex superdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, por presentar información falsa durante un proceso de licitación.
Por nueve votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del órgano jurisdiccional aprobó el proyecto del magistrado Víctor Orduña Muñoz, quien argumentó que la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas es una autoridad incompetente para emitir la resolución para sancionar conductas calificadas como graves realizadas por particulares, ya que ello corresponde al TFJA.
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"Las faltas graves de los particulares, como los son los datos de las personas morales y privadas, corresponde imponer la sanción al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En virtud de lo anterior y de una interpretación gramatical y sistemática de los preceptos que se han citado, resulta evidente la incompetencia de la autoridad en virtud de que fundó indebidamente la investigación, la substanciación y la resolución de este asunto en disposiciones de diversos ordenamientos secundarios que ya no resultaban aplicables entre las que destaca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público".
Al hablar en contra del proyecto, la magistrada Zulema Mosri argumentó que, al tratarse de una falta cometida por un particular y no un servidor público, se justifica que haya sido la SFP la autoridad responsable de la aplicación de la sanción, toda vez que así lo contempla la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual tiene prioridad sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
"Considero que en el caso, resulta legal que la autoridad haya sustanciado el procedimiento y emitido la sanción impugnada conforme a la citada Ley de Adquisiciones, en tanto que está, además de que se encuentra vigente, por lo tanto es aplicable y puede servir de sustento para determinar las sanciones directamente a la empresa".
El 9 de septiembre de 2019, la SFP inhabilitó por dos años y seis meses y le impuso una sanción económica por un millón 51 mil 500 pesos a Laboratorios Solfrán por haber proporcionado información falsa al participar en una licitación pública internacional, y no advertir que entre sus socios estaba un servidor público en activo, en este caso, Carlos Lomelí, quien en ese entonces era diputado.