Piden evitar reclamos multimillonarios con reforma eléctrica

Ildefonso Guajardo, ex titular de Economía, dice que la iniciativa de López Obrador contraviene tratados internacionales que tiene México.

Sistema eléctrico / Freepik
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La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el Presidente de la República, se está polarizando de manera innecesaria, cuando debería estudiarse a fondo y tener presente los efectos positivos y negativos que podría generar, planteó el extitular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo.

En su intervención en el parlamento abierto virtual organizado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Guajardo Villarreal fue enfático en subrayar que los monopolios públicos o privados son malos, y más aún si no están bien regulados.

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Enfatizó que el trato asimétrico a los competidores dominantes, como la CFE, es el principio básico de las normas antimonopolios previstas en la Constitución.

El ex funcionario federal llamó a la mayoría de Morena en el Congreso a definir bien su postura y tener presente que para intervenir en mercados, como el eléctrico, se necesitan instituciones reguladoras fuertes, no débiles.

Indicó que de no cumplir las condiciones a las que se comprometió, como las establecidas en el T-MEC, acuerdos con la Unión Europea y con otras naciones, México corre un alto riesgo de ir a paneles comerciales internacionales de reclamo, que implican costos multimillonarios y en muchas ocasiones, volver a las condiciones originales de la inversión.

Por su parte, el excandidato presidencial Gabriel Quadri, calificó como una "aberración" la iniciativa preferente que, sentenció, será aprobada en el Congreso y también, controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Señaló que el proyecto entregado a los diputados por el Presidente de la República es "pernicioso, regresivo y retardatario", representará un "atentado" contra la legalidad, la Constitución, el derecho a la salud, a un ambiente sano y a la libre competencia.

Ahuyentará inversiones, generará incertidumbre jurídica y política, violará convenios firmados como el Acuerdo de París sobre cambio climático, sentenció.

Dará origen a la presentación de demandas y a la imposición de sanciones internacionales e incluso de aranceles compensatorios por parte de los países cuyos intereses se vean afectado, opinó.