El Congreso de la Unión inició el último periodo ordinario de sesiones de la Legislatura, con la obligación de dictaminar la iniciativa preferente enviada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
El proyecto que será turnado a la Cámara de Diputados, señala que urge profundizar en cambios al sector energético, con el fin de fortalecer a la CFE "en beneficio del interés nacional" y dejar en tercer y cuarto lugar las energías renovables y la que generen empresas privadas.
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Los diputados tendrán un máximo de 31 días naturales, para discutir y votar en el Pleno, la propuesta en cuestión.
Si al término de ese plazo no se ha discutido ni votado, deberá ser el primer asunto a tratar en el Pleno, a la sesión siguiente. En caso de aprobarse o modificarse, deberá ser enviado a la colegisladora, que también tendrá 31 días naturales para procesarlo.
Si la iniciativa no se aprueba en el Congreso, el Ejecutivo Federal podrá publicarla, a fin de que entre en vigor.
La iniciativa presidencial advierte que no avalar esa reforma, significará que "los incrementos tarifarios o mayor subsidio" correrán "a cargo a la Hacienda pública y al Pueblo de México".
Manifiesta que los cambios tienen como fin garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, "que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Ello, al proponer modificar el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de las Centrales Eléctricas en el actual Contrato Legado de la CFE y con el diseño de un nuevo Contrato de Entrega Física de energía y Capacidad a la red".
"Con ello, se garantiza la estabilidad en la tarifa de electricidad", dice.
Buscan adecuar la ley a la "Nueva Política Energética", en la que el sistema eléctrico nacional se alimentará primero con la energía producida en hidroeléctricas, posteriormente en otras plantas de CFE, en tercer lugar por energía eólica o solar producida por particulares y en finalmente, por la energía de ciclo combinado de empresas privadas.
Las modificaciones lograrán terminar con la "simulación de precios en un mercado que favorece la especulación; el dumping o ventas por debajo del precio normal e incluso por debajo del costo de producción, para eliminar a la competencia; y los subsidios entregados por CFE a empresas privadas.
Terminarán, prevé, "años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes de mercado.
Asimismo, permitirá "superar la relegación intencionada de las centrales de la CFE, asegurando su despacho prioritario ante otros participantes de la industria eléctrica", con lo que se logrará la rentabilidad necesaria para los proyectos de CFE y la Nación "impedidos por el despacho meritorio del Mercado Eléctrico Mayorista con costos variables que favorece la especulación de los productores privados".
El documento puntualiza que la energía generado en plantas hidroeléctricas, será despachada en primer término, "de acuerdo a los volúmenes de agua definidos por el Comité Técnico de Operaciones Hidráulicas", conforme al decreto emitido para el manejo de presas y la reducción de desastres por inundaciones en la cuenca del Río Grijalva.
En segundo término "se despacharán las Centrales eléctricas de CFE, tales como la nuclear, geotérmicas, ciclos combinados y termoeléctricas. Posteriormente, se despacharán las Centrales ciclos Combinados de Productores Independientes de Energía amparadas por contratos suscritos en términos de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica".
En tercer lugar, se despachará la energía eólica o solar de centrales particulares.
El cuarto lugar corresponderá a las centrales eléctricas de ciclos combinados propiedad de particulares y el resto de los generadores de otras tecnologías.
Establece que los permisos previstos en la Ley de la Industria Eléctrica, integrados a través de artículos transitorios en la reforma energética de diciembre de 2013, dando prioridad a centrales eléctricas privadas, por encima de las de CFE, se modificarán.
Será obligatorio que los permisos señalados se sujeten a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía.
La proliferación indiscriminada de esos permisos, provocada por la anterior reforma energética, "constituye un grave riesgo para el adecuado funcionamiento de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución".
Aclara que la reforma no tendrá impacto en el mercado de los Certificados de Energías Limpias, ya que impide el desabasto y propicia mejores precios en beneficio de los usuarios finales, evitando la especulación y el aumento de tarifas.
Asimismo, "elimina la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos (\u2026) las subastas son una perversa maquinación ideada con el único propósito de garantiza la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de la CFE", ya que los contratos correspondientes tienen duración de 20 años y los precios no están sujetos a las variaciones del mercado.
Esa medida generó que las compras de energía adicional, hechas por el Suministrador de Servicios Básicos, se hicieran en un Mercado Eléctrico Mayorista "especulativo donde resulta más caro".
Prevé "obligar a la Comisión Reguladora de energía a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos en que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley", debido a que se propició la aparición de productores operando en condiciones irregulares, escondidos detrás de la "fachada de sociedades de autogeneración", que crearon un "mercado paralelo de electricidad. Lo anterior representa a todas luces un fraude a la ley".
De igual modo, plantea revisar la legalidad y rentabilidad para el Gobierno Federal de los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes.
En el texto, el Ejecutivo Federal indica que los criterios de despacho de energía eléctrica "a modo y beneficio del sector privado por encima del interés público, aún con un contrato financiero de precios de energía y capacidad, no garantiza en lo absoluto, el despacho físico de centrales de generación con un costo de generación por Kilowatt-hora menor".
Agrega que las centrales de generación de CFE con costos unitarios menores que centrales privadas, "que al no ser despachadas y no estar comprometida la entrega física, obligan al Suministrador de Servicios Básicos de CFE a asumir la pérdida por no despacho".