Ernestina Godoy, fiscal de justicia capitalina, manifestó su desacuerdo por el aplazamiento de la audiencia de imputación para marzo del siguiente año, por el colapso de un tramo de la línea 12 del Metro.
Cuestionada luego de la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz en la Alcaldía Iztacalco, sostuvo que esta decisión judicial no se trata de un acuerdo con el gobierno de la ciudad, sino que representan decisiones tomadas en el Tribunal.
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"No estamos de acuerdo, no es un acuerdo con el Gobierno, porque al parecer así lo consigna la prensa, que por acuerdo con el Gobierno se pospuso, no es así.
“Son decisiones que se toman en los Tribunales, hay defensas que están pidiendo una serie de situaciones que desde nuestro punto de vista no son viables”, explicó en el evento donde acompañó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Respecto a la petición de varias víctimas de conocer el contenido del acuerdo reparatorio suscrito el pasado 28 de octubre por la empresa constructora CARSO, la Fiscalía capitalina y el Sistema de Transporte a Colectivo Metro, Godoy Ramos manifestó que existen cláusulas que establecen ciertas reservas.
“Los acuerdos reparatorios tienen sus propias características y uno de los elementos que, incluso se establece como cláusula, es que son acuerdos entre partes, en el que ese acuerdo no puede ser utilizado para cualquier otra cosa, no puede ser utilizado para un juicio, tiene sus propias características, entonces hay una regulación que son entre las partes”, dijo Godoy.
En cuanto a la mención de Enrique Horcacitas, ex director del Proyecto Metro de pretender adherirse al citado acuerdo de reparación para extinguir el proceso en su contra, la fiscal negó esa posibilidad.
Dijo que la defensa -Gabriel Regino- quiere que ese acuerdo reparatorio entre dos partes le beneficie, pero "no puede haber eso, tiene que existir un planteamiento de quien quiere entrar a la justicia restaurativa, tiene que haber un planteamiento muy claro, con lineamientos muy claros, de qué implica la reparación”.
La víspera, el asesor jurídico de 20 víctimas Cristopher Estupiñan dejó en claro la grave violación al derecho humano y además constitucional de las víctimas, para acceder al derecho de acceso a la verdad.
Recordó que los acuerdos reparatorios en justicia restaurativa priorizan en que las partes involucradas, incluidas las víctimas, tengan conocimiento del contenido y sus alcances, con la premisa y obligación de no divulgarlo ni revelarlo.
@amarilloalarcon