La Cámara de Diputados confirmó la recepción de la iniciativa del Presidente de la República, con reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, en materia energética.
El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, informó sobre el hecho en sus cuentas en redes sociales y también compartió la liga para consultar el documento, publicado en la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.
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Los congresistas habrían recibido el documento del Ejecutivo Federal la noche de este jueves 30 de septiembre, sin embargo, aguantaron su difusión hasta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, terminó su conferencia mañanera, este 1 de octubre.
El proyecto plantea "un nuevo sistema eléctrico mexicano" donde el Estado "recupere" su conducción, convirtiendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un organismo del propio Estado.
CFE generará al menos el 54 por ciento de la energía que se requiera en el país y el sector privado podrá participar en no más del 46 por ciento de la generación.
CFE tendrá en exclusiva el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica.
Podrá comprar energía al sector privado, siempre y cuando esas empresas actúen bajo planeación y control de la Comisión, ello, para dar cumplimiento a la continuidad y confiabilidad para el abastecimiento.
Iniciativa contempla desaparecer la CNH y la CRE
Contempla desaparecer los órganos reguladores de energía, es decir la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El Ejecutivo las califica como "organismos no responsables políticamente", las señala por entrar "en conflicto" con la Secretaría de Energía (Sener).
Incluso, indica que al ejercer funciones centrales de regulación, entrega de permisos de generación, tarifas de porteo de transmisión y distribución, la CRE "vulnera la responsabilidad del Estado".
Eliminan el concepto ‘empresa productiva del Estado’
La reforma eliminará el concepto de "empresa productiva del Estado", por lo que CFE quedará en calidad de "organismo del Estado", autónomo y responsable de su planeación, control, funcionamiento y administración.
El sector eléctrico será legalmente considerado estratégico para el Estado, por lo que se preservará la seguridad y autosuficiencia energética y el abastecimiento continuo de electricidad a toda la población, así como la seguridad nacional.
Plantea que los procesos de generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de esa energía serán reservados en exclusiva para "la Nación".
Establece el dominio "inalienable e imprescriptible" del Estado sobre el litio y "demás minerales estratégicos" para la nación, los cuáles no podrán ser concesionados.
Apunta que legalmente, no se considerarán un "monopolio", las funciones que el Estado lleve a cabo en exclusiva respecto a las áreas estratégicas como la eléctrica.
Las industrias que quieran participar en la transición energética, tendrán por condición operar como "empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales".
El Cenace se incorpora a la CFE
Prevé la existencia de la Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, así como las filiales CFE Energía, CFE Internacional y CFE capital. "Se cancela su estricta separación legal".
El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se "reincorpora" a la CFE.
Contempla terminar con el fenómeno de "balcanización" de las redes de transmisión y distribución de electricidad, con la "interconexión impune" de "los privados" al abrir las líneas de transmisión, sin construir líneas de alto voltaje, lo que ha debilitado la seguridad y confiabilidad en las mismas.
Prevé la anulación de los modelos de centrales de Productores Independientes de Energía, centrales de Subastas de Largo Plazo, centrales eléctricas construidas al amparo de la reforma de 2013 y centrales eléctricas de Autoabastecimiento.
Propone "la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución".
No se reconocerá ni comprará la energía generada a partir de la modificación de permisos de Autoabastecimiento; y tampoco la generación excedente de Productores Independientes de Energía, derivada de permisos "sobrepuestos" al permiso original, por ser ilegales, dice la reforma.
En materia de transición energética, indica que se implementará usando "todas las fuentes de energía" disponibles, aunado a que no se entregarán concesiones para la explotación del litio y "demás minerales estratégicos necesarios".
El Estado desarrollará las industrias asociadas a la transición energética. Serán empresas públicas, sociales y privadas "de capital nacional". Se impulsará la ciencia propiedad intelectual del Estado, sobre tecnología y "equipos críticos".
El Estado se encargará de la manufactura de bienes de capital, insumos y equipos para usos finales de energía; para electromovilidad, sistemas agua-energía para la autosuficiencia alimentaria, iluminación, transformación de minerales estratégicos; así como la industria, comercio, servicios, generación distribuida y almacenamiento de electricidad.
La reforma prevé un "régimen transitorio" donde el Estado asumirá, por medio de CFE, el control del "nuevo" Sistema Eléctrico Nacional, mientras se emiten las leyes secundarias respectivas para implementar cabalmente la reforma eléctrica propuesta.
El documento de 42 cuartillas indica que la anterior reforma energética, aprobada en diciembre de 2013 fue "regresiva", ya que estableció el despojo en el sistema eléctrico nacional.